Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile

gonzalo polanco

Estimados lectores,

En esta centésima sexta edición del Reporte Tributario, Nº106 julio/2019, estudiaremos un tema que es bastante desconocido, pero de creciente importancia, como es la regulación tributaria de las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas en general. 

Esta materia está regulada en la Ley Nº 19.638, conocida como la Ley de Culto, del año 1999 y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo Nº 303 del año 2002 del Ministerio de Justicia. Como es sabido, las mencionadas entidades tienen un tratamiento especial, ya que la autoridad tributaria ha indicado que en la medida que no cuenten con propietarios contribuyentes de los impuestos finales, no les son aplicables los regímenes generales de tributación mencionados en el artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Con todo, gozan de beneficios fiscales, algunos por aplicación de normas generales de nuestra legislación; otros, en cambio, han sido establecidos especialmente en favor de las entidades religiosas o de sus dignatarios. Estos beneficios, evidentemente no implican que estas agrupaciones no estén sujetas a una fiscalización desde el punto de vista tributario, razón por la cual la autoridad impositiva dispuso que deben presentar la declaración jurada Nº1945.

El Centro de Estudios Tributarios sigue trabajando para colaborar en la difusión de las materias relacionadas con tributación. En ese contexto, los invitamos a visitar www.cetuchile.cl, sitio en el que podrán encontrar publicaciones sobre diversos estudios tributarios, seminarios, apariciones en prensa de nuestros colaboradores e integrantes, análisis de jurisprudencia, historial de reportes tributarios, tesis para la obtención del grado de Magíster en Tributación de la Universidad de Chile, entre otras temáticas.

Invitamos asimismo a todos los lectores a interiorizarse detalladamente de las labores y actividades que desarrolla el Centro de Estudios Tributarios (CET UChile).

Profesor Gonzalo Polanco Zamora
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios
CET Universidad de Chile.

I. INTRODUCCIÓN

Nuestra Constitución Política de la República reconoce la libertad de culto y el tratamiento igualitario para todas las iglesias, confesiones e instituciones religiosas, lo cual está ratificado a través de la publicación de la Ley N° 19.638, de 1999, también conocida como Ley de Culto, y su reglamento, contenido en el Decreto N° 303, del año 2002, del Ministerio de Justicia, los que otorgan a dichas entidades personalidad jurídica de derecho público.

Para constituir una iglesia, confesión o institución religiosa se debe estar a lo establecido en la Ley de Culto y, específicamente, a lo precisado por el Decreto N° 303, que establece el reglamento para el registro de entidades religiosas de derecho público. Estas entidades también podrán concurrir a la constitución de otras personas jurídicas.

Por tratarse de entidades sin fines de lucro, pareciera ser que éstas no deberían tributar, ni tampoco llevar contabilidad, sin embargo, tal como analizaremos, existen ciertas consideraciones a tener presente. Del mismo modo, resulta interesante conocer la situación tributaria de los ingresos percibidos por sus obispos, sacerdotes, pastores o ministros de culto.

El Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile les invita, nuevamente, a revisar el material docente que se expone, a efectos de conocer los principales aspectos legales y tributarios de las iglesias, confesiones e instituciones religiosas y de sus dignatarios.

 

II. ASPECTOS GENERALES

Nuestra Constitución Política de la República asegura a todas las personas, entre otros aspectos, la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. De esta forma, las confesiones religiosas pueden construir y mantener templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Asimismo, las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Además, la Constitución establece que los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto1, estarán exentos de toda clase de contribuciones2.

Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley N° 19.638, del 14 de octubre de 1999, también conocida como Ley de Culto, el concepto de iglesias, confesiones o instituciones religiosas debe entenderse como aquellas entidades integradas por personas naturales que profesen una determinada fe. Estas entidades, en la medida que cumplan los requisitos y formalidades que se analizan más adelante, serán dotadas de personalidad jurídica de derecho público.

Dichas entidades religiosa3, además, pueden crear personas jurídicas de conformidad con la legislación vigente4, es decir, podrán:

i. Fundar, mantener y dirigir en forma autónoma institutos de formación y de estudios teológicos o doctrinales, instituciones educacionales, de beneficencia o humanitarias.

ii. Crear, participar, patrocinar y fomentar asociaciones, corporaciones y fundaciones, para la realización de sus fines.

Es por lo señalado anteriormente que, en la actualidad, nos podríamos encontrar con colegios, emisoras de radio, canales de televisión, imprentas y librerías que podrían pertenecer a alguna de las entidades religiosas en comento.

Es la misma Ley de Culto la que se encarga de precisar que las entidades religiosas, así como también las personas jurídicas que ellas constituyan en conformidad a dicha ley, no pueden perseguir fines de lucro, es decir, su ámbito de acción está netamente limitado y vinculado al desarrollo de actividades propias referidas a la profesión de su fe.

En razón de lo anterior, se reconoce a las entidades religiosas plena autonomía para el desarrollo de sus fines propios, así como también, entre otras, se le reconocen las siguientes facultades5:

i. Ejercer libremente su propio ministerio, practicar el culto, celebrar reuniones de carácter religioso y fundar y mantener lugares para esos fines.

ii. Establecer su propia organización interna y jerarquía; capacitar, nombrar, elegir y designar en cargos y jerarquías a las personas que correspondan y determinar sus denominaciones.

iii. Enunciar, comunicar y difundir, de palabra, por escrito o por cualquier medio, su propio credo y manifestar su doctrina.

 


1 Entiéndase como un conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado.
2 N° 6 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
3 Entiéndase iglesias, confesiones o instituciones religiosas.
4 Artículo 8 de la Ley de Culto.
5 Artículo 7 de la Ley de Culto.

III. CONSTITUCIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS

Para efectos de obtener la personalidad jurídica de derecho público las entidades religiosas deberán solicitar su registro como tales, de conformidad a lo establecido en los artículos 10 al 12 de la Ley de Culto.

A través del Decreto N° 303, del 21 de marzo del año 2000, del Ministerio de Justicia, se estableció el reglamento para el registro de entidades religiosas de derecho público, las cuales, en primera instancia, deberán constituirse por escritura pública o instrumento privado reducido a escritura pública. Dicho documento deberá ser firmado por todos los constituyentes, debidamente individualizados, y contendrá el acta de constitución, los estatutos que la regirán y la constancia de aprobación de los mismos, así como también el poder de aquella persona a quien se encarga la reducción a escritura pública del mencionado instrumento, en dicho poder también deberá constar la facultad de solicitar el registro de la misma.

La solicitud de inscripción en el Registro Público, deberá dirigirse al Ministerio de Justicia, quien deberá mantener a disposición de cualquier interesado el estado de dichas solicitudes. Dicho Ministerio no podrá denegar el registro de una entidad religiosa, teniendo un plazo de 90 días contados desde la fecha de ese acto para objetar su constitución a través de una resolución fundada; en caso de existir objeción la entidad religiosa tiene un plazo de 60 días para solucionarlas, contados desde la fecha de la resolución. No existiendo objeciones, o en caso de haber existido, cuando éstas se encuentren subsanadas, la entidad religiosa deberá publicar en el Diario Oficial un extracto del acta de su constitución y de sus modificaciones, si las hubiere, que incluya el número de registro o inscripción asignado.

El extracto que se publique deberá contener, a lo menos, lo siguiente:

i. El nombre y el domicilio principal de la entidad.

ii. Fecha y número del registro.

iii. Nombre de los constituyentes.

iv. Los elementos esenciales que la caracterizan y los fundamentos y principios en que se sustenta la fe que ella profesa.

v. Los órganos de administración, sus atribuciones y el número de miembros que los componen.

vi. Fecha de la escritura pública que contiene los estatutos y sus modificaciones si las hubiere, la indicación del nombre y domicilio del notario que la hubiera otorgado.

Con la publicación del extracto en el Diario Oficial se entenderá que se encuentra firme la inscripción de la entidad religiosa en el Registro Público, momento en el cual dicha entidad gozará de personalidad jurídica de derecho público.

IV. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS

Respecto al patrimonio de las entidades religiosas, el artículo 14 de la Ley de Culto establece que la adquisición, enajenación y administración de los bienes necesarios para el desarrollo de las actividades de las personas jurídicas constituidas conforme a dicha ley estarán sometidas a la legislación común. Sin perjuicio de lo anterior, las normas jurídicas propias de cada una de ellas forman parte de los requisitos de validez para la adquisición, enajenación y administración de sus bienes.

Asimismo, las entidades religiosas podrán solicitar y recibir toda clase de donaciones y contribuciones voluntarias, de particulares e instituciones públicas o privadas y organizar colectas entre sus fieles, para el culto, la sustentación de sus ministros u otros fines propios de su misión. Las donaciones que reciban las personas jurídicas a que se refiere la Ley de Culto, estarán exentas del trámite de insinuación, cuando su valor no exceda de veinticinco unidades tributarias mensuales.

Las personas jurídicas religiosas que, a la época de su inscripción en el registro público, hubieren declarado ser propietarias de inmuebles u otros bienes sujetos a registro público, cuyo dominio aparezca a nombre de personas naturales o jurídicas distintas de ellas podrán, en el plazo de un año contado desde la constitución, regularizar la situación usando los procedimientos de la legislación común, hasta obtener la inscripción correspondiente a su nombre. Si optaren por la donación, estarán exentas del trámite de insinuación.

Conforme a lo antes dicho, formarán parte del patrimonio de las entidades religiosas, entre otros, los siguientes bienes:

i. Bienes raíces, como por ejemplo la casa pastoral, el templo y terrenos destinados a estacionamientos de los asistentes al culto, los cuales podrán estar ubicados en Chile o en el extranjero.

ii. Vehículos, como por ejemplo automóviles, camionetas y minibuses, destinados al traslado de los ministros de culto o utilizados para efectuar traslados en casos de eventos desarrollados por las entidades religiosas.

iii. Diversos tipos de enseres, como, por ejemplo, equipos de aire acondicionado, generadores eléctricos, equipos de amplificación, mobiliario y equipos de calefacción, los cuales son necesarios para la óptima realización del culto.

V. OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD

Del análisis de la Ley de Culto y su Reglamento no se desprende la existencia de una obligación para las entidades religiosas respecto a llevar contabilidad. Sin embargo, dado que poseen bienes, perciben ingresos y generan egresos, es recomendable que dichas entidades lleven registros contables, para efectos de gestión y administración de las entidades religiosas.

Asimismo, el llevar un registro y control de sus ingresos, egresos y bienes, a través de la contabilidad, será de gran utilidad al momento de presentar la Declaración Jurada N° 1945, según se describe más adelante.

VI. RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN APLICABLE A LAS ENTIDADES RELIGIOSAS

Según lo ha señalado expresa y reiteradamente1 el Servicio de Impuestos Internos, aquellas empresas o entidades que no cuenten directa o indirectamente con propietarios contribuyentes de los impuestos finales, no les son aplicables los regímenes generales de tributación contenidos en el artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta2.

En razón de lo señalado en el párrafo anterior, y por tratarse de una organización de derecho público, sin fines de lucro, las entidades religiosas no se encuentran sometidas a ningún régimen de tributación establecido en la LIR.


1  Circular 49 de 2016, Oficio N° 2004 de 2017 y Oficios N° 470, 659, 660 y 839 de 2018.
2  En adelante, indistintamente, LIR.

 

VII. BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LAS ENTIDADES RELIGIOSAS

Tanto la Constitución Política de la República como la Ley de Culto, establecen que las entidades religiosas y las personas jurídicas que éstas constituyan tendrán los mismos derechos, exenciones y beneficios tributarios que dichas normas y demás leyes y reglamentos vigentes otorguen y reconozcan a otras iglesias, confesiones e instituciones religiosas existentes en el país.

Según se señaló anteriormente, las entidades religiosas podrán solicitar y recibir toda clase de donaciones y contribuciones voluntarias, de particulares e instituciones públicas o privadas y organizar colectas entre sus fieles, para el culto, la sustentación de sus ministros u otros fines propios de su misión.

Así las cosas, a continuación, se mencionan algunos conceptos relacionados a los ingresos que perciben las entidades religiosas:

i. Diezmos.

ii. Ofrendas.

iii. Aportes especiales para adquisición de bienes muebles o inmuebles.

Los conceptos enunciados son percibidos principalmente en dinero, y su administración dependerá del tipo de organización que tenga la entidad religiosa. Por lo general, los recursos recaudados son administrados por la autoridad máxima de la entidad, llámese pastor, ministro, obispo u otra denominación, pudiendo existir o no instituciones internas dedicadas a la recaudación, registro y control de los fondos, como la figura de la tesorería, por ejemplo.

Conforme a lo anterior, a continuación, se comentan las exenciones o beneficios que gozan las entidades religiosas1 en nuestro país:

i. Impuesto de Primera Categoría. Por regla general, dada la naturaleza de la actividad que desarrollan las entidades religiosas, éstas no se encuentran afectas al Impuesto de Primera Categoría establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del DL N° 824, de 1974.

Asimismo, lo antes señalado aplica para las personas jurídicas que las entidades religiosas constituyan o en las que participen. Además, respecto de estas entidades, en la medida que no persigan fines de lucro y en sus estatutos se establezca como objeto principal proporcionar ayuda material o de otra índole a personas de escasos recursos económicos aplicará la exención del Impuesto de Primera Categoría establecida en el N° 4 del artículo 40 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, la cual debe ser dictaminada por el Presidente de la República.

Por otra parte, si las entidades creadas por las iglesias llevan a cabo actividades gravadas o posean bienes que produzcan rentas gravadas, deberán cumplir con las obligaciones tributarias que afectan a la generalidad de los contribuyentes. Por lo tanto, se afectarán con los impuestos que correspondan, presentarán declaraciones de impuestos, llevarán contabilidad, efectuarán pagos provisionales mensuales, etc.

ii. Donaciones Recibidas. Las donaciones recibidas por las entidades religiosas no constituyen renta para el donatario2, por lo que se entiende que todas las donaciones recibidas de parte de sus fieles quedan liberadas de la tributación con el Impuesto a la Renta.

Así también, las donaciones o asignaciones destinadas a la construcción o reparación de templos destinados al culto o para el mantenimiento de éste, se encuentran expresamente exentas del Impuesto a las Asignaciones y Donaciones establecido en la Ley N° 16.271, de 1965, siempre que se acredite que las donaciones se han celebrado por escritura pública, que se ha dado cumplimiento el trámite de la insinuación, y que además, en la escritura de donación se ha estipulado que ella debe destinarse a la construcción o reparación de templos destinados al servicio de un culto o para el mantenimiento del mismo.

Por otra parte, conforme a lo establecido en el N° 5 del artículo 18 de la Ley N° 16.271 y en el artículo 5 del DL N° 359, de 1974, las donaciones o asignaciones que se efectúen a corporaciones y fundaciones creadas por entidades religiosas que exclusivamente sean de carácter benéfico, estarán exentas del impuesto a las asignaciones y donaciones, siempre que efectivamente se destinen al fin benéfico de la institución.

iii. Impuesto Territorial. Tal como señalamos anteriormente, la Constitución Política de la República señala que los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribución. De esta forma, la Ley N° 17.235, de 1969, Ley sobre Impuesto Territorial, establece3 una exención del 100% respecto de los templos y sus dependencias destinadas al servicio del culto, como así mismo a las habitaciones anexas a tales templos ocupadas por los funcionarios del culto y siempre que no produzcan renta. Del mismo modo, se establece una exención para los Seminarios asociados a un culto religioso, en la parte destinada exclusivamente a educación4.

Por templo debe entenderse el edificio o lugar destinado pública y exclusivamente a un culto , no siendo indispensable la existencia de un edificio o construcción para entender que un inmueble está al servicio de un determinado culto y para que aquél goce de la exención del impuesto territorial en comento.

Del mismo modo, se debe entender por dependencias aquel lugar donde se desarrollan actividades accesorias o relacionadas con el culto, como ensayos de grupos corales, reuniones de grupos particulares de la entidad religiosa, la atención del público necesaria para la práctica del mismo, el registro y certificación de los actos de culto, etc.

iv. Impuesto de Timbres y Estampillas. Las personas jurídicas cuyo fin sea el culto se encuentran exentas del Impuesto de Timbres y Estampillas, conforme a lo establecido en el N° 9 del artículo 23 del DL N° 3475, de 1980. En este sentido, cabe precisar que esta exención no beneficia a las sociedades, corporaciones, fundaciones u otros organismos creados por instituciones religiosas cuyos fines sean distintos al culto, como, por ejemplo: la educación y actividades comerciales.

La exención en comento tendrá lugar en aquellas circunstancias en que las entidades religiosas referidas figuren como sujetos del impuesto de timbres y estampillas, conforme a lo establecido la norma aludida.

v. Impuesto al Valor Agregado. Como regla general, dada la naturaleza de las actividades que realiza, las entidades religiosas no son contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado, contenido en el DL N° 825, de 1974, es decir, no califican como vendedores o prestadores de servicios.

En caso de llevar a cabo operaciones gravadas con dicho tributo, las entidades religiosas, como así también las personas jurídicas constituidas por ellas, se afectarán con dicho tributo y quedarán sometidas a las obligaciones generales existentes para los contribuyentes de dicho tributo.

Asimismo, tratándose de importaciones, se encuentran exentas de IVA aquellas que constituyan donaciones o socorros calificados como tales a juicio exclusivo del Servicio Nacional de Aduanas, destinadas a corporaciones o fundaciones y a las universidades, correspondiendo al donatario acompañar los antecedentes que justifiquen la exención .


1 Abordados en la Circular SII N° 45, del 24 de septiembre de 2012.
2 Conforme a lo establecido en el N° 9 del artículo 17 de la LIR.
3 En la Nómina de Exenciones al Impuesto Territorial, Cuadro Anexo, Sección I, letra B), N° 5.
4 En la Nómina de Exenciones al Impuesto Territorial, Cuadro Anexo, Sección I, letra B) N° 1.
5 Conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado, Oficio SII N° 4292, de 2006.
6 N° 7, de la letra B, del artículo 12 del DL N° 825, de 1974.

 

VIII. OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA N° 1945

A través de la Resolución Exenta N° 103, del 13 de octubre de 2017, el Servicio de Impuestos Internos estableció que las Organizaciones Sin Fines de Lucro, tales como asociaciones, corporaciones, fundaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas, y toda otra entidad que se encuentre constituida como Organización Sin Fines de Lucro, inscritas en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Servicio de Registro Civil e Identificación de acuerdo a lo que dispone Ley N° 20.500, de 2011, que obtengan en el año comercial respectivo ingresos anuales en dinero o en especies por montos superiores a UF 12.000, según su valor vigente al 31 de diciembre de cada año, deberán presentar el Formulario N° 1945, denominado “Declaración Jurada Anual sobre ingresos, desembolsos y otros antecedentes de las organizaciones sin fines de lucro”.

En vista de lo anterior, las entidades religiosas analizadas en este reporte se encontrarán obligadas a presentar dicha declaración jurada en la medida que cumplan con el requisito de los ingresos anuales en dinero o en especial por montos superiores a UF 12.000.

Esta declaración jurada consta de 5 secciones, las que se comentan a continuación:

i. Sección A: Información del Declarante, en la cual debe detallarse a la entidad religiosa que declara.

ii. Sección B: Datos de los Informados, debe identificarse a la persona natural o jurídica de las cuales el declarante haya obtenido ingresos y a quienes se pagaron los egresos, señalando RUT, nombre o razón social, país, tipo de ingreso o egreso, origen del ingreso, destino del egreso, tipo de relación y monto, según corresponda.

iii. Sección C: Exenciones Tributarias, acá se debe especificar la existencia de algún tipo de exención tributaria, señalando el documento en el que consta y el tipo de exención de que se trata.

iv. Sección D: Bienes Raíces, debiendo identificarse su ubicación, Rol, comuna, país y uso que se le da a éstos.

v. Sección E: Cuadro resumen de la declaración jurada.

Al respecto, podemos señalar que, en el evento de estar obligadas a declarar, las entidades religiosas se verán forzadas a clasificar y registrar la información de sus ingresos, egresos y bienes raíces, a efectos de contar con la información que se les requiere, lo cual podría constituir una buena razón para que tales entidades lleven contabilidad.

IX. FISCALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS

De la lectura y análisis de la Ley de Culto y su Reglamento no se identifica la designación de una entidad responsable que se encargue de la fiscalización del accionar de las entidades religiosas.

No obstante lo anterior, por ejemplo, si dichas entidades incurren en el desarrollo de actividades gravadas con impuestos, corresponderá al Servicio de Impuestos Internos su fiscalización.

X. DISOLUCIÓN DE UNA ENTIDAD RELIGIOSA

Conforme a lo señalado en el artículo 19 de la Ley de Culto, la disolución de una personalidad jurídica constituida al amparo de dicha ley podrá llevarse a cabo por dos causales, a saber:

i. Conforme a lo señalado en sus estatutos.

ii. En cumplimiento de una sentencia judicial firme, recaída en juicio iniciado a requerimiento del Consejo de Defensa del Estado, el que podrá accionar de oficio o a petición de parte.

Una vez disuelta la personalidad jurídica, se procederá a eliminarla del Registro Público a que se refiere el artículo 10 de la Ley de Culto

XI. BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LOS DIGNATARIOS DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS.

Al igual que la mayoría de las personas, las autoridades de las entidades religiosas, es decir, los obispos, pastores, sacerdotes o ministros de culto, requieren de recursos para solventar sus gastos de vida y el de sus familias. Lo anterior, en el entendido de que, en la mayoría de los casos, dichas autoridades se dedican a tiempo completo al ejercicio de su cargo.

Cabe señalar que no cualquier persona puede detentar el cargo de obispo, pastor, sacerdote o ministro de culto, toda vez que la Ley N° 19.638 señala que dichas personas acreditarán su calidad de tales mediante certificación expedida por su entidad religiosa, a través de la respectiva persona jurídica, y les serán aplicables las normas2 de los artículos 360, N° 1; 361, N°s. 1 y 3, y 362 del Código de Procedimiento Civil, así como lo establecido en el artículo 201, N° 2, del Código de Procedimiento Penal.

Para efectos de solventar dichos gastos, y tal como se enunciara anteriormente en este reporte, dependiendo de la administración y organización interna de la entidad religiosa, los dignatarios1 aludidos percibirán flujos de parte de la dichas entidades, destinados precisamente a solventar sus gastos de vida.

A través de la Circular N° 45, de 2012, el Servicio de Impuestos Internos, junto con aclarar los beneficios tributarios existentes para las entidades religiosas, también se refirió al tratamiento tributario de las cantidades percibidas por los obispos, pastores, sacerdotes o ministros de culto.

De esta forma, la autoridad tributaria interpretó que los dignatarios de las entidades religiosas en comento viven a expensas de la iglesia, confesión o entidad religiosa respectiva y de sus fieles, por lo que no generan una renta propia y, por ende, no corresponde gravarlas conforme a las reglas aplicables a las rentas provenientes del trabajo3. Cabe precisar que tales cantidades deben corresponder a aquellas destinadas a solventar sus gastos de vida y desarrollar las actividades y labores propias del servicio del culto por cuenta de la iglesia, confesión o entidad religiosa, teniendo en consideración además la función y dignidad del cargo.

En vista de lo anterior, cuando los dignatarios antes señalados obtengan ingresos no destinados a solventar sus gastos de vida, ni correspondan a las actividades de servicio del culto u otras que le sean encomendadas, tales sumas quedarán afectas a la tributación normal establecida en la Ley sobre Impuesto a la Renta. Ejemplos de estos tipos de rentas podrían ser aquellas que reciban en función del ejercicio de su profesión o de asesorías legales o de ingeniería prestadas a la propia entidad religiosa.

 



1 Entiéndase pastores, sacerdotes, obispos o ministros de culto.
2 Tanto las normas del Código de Procedimiento Civil como Penal aludidas se refieren a disposiciones orientadas a prestación de declaraciones en calidad de testigos.
3 Contenidas en el artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

 

XII. CONCLUSIONES

Las iglesias, confesiones e instituciones religiosas en nuestro país tienen un tratamiento igualitario, fundamentado por las garantías entregadas por la Constitución Política de la República y las disposiciones de la Ley de Culto y su reglamento.

La constitución de las entidades religiosas debe efectuarse a través del procedimiento descrito en este reporte ante el Ministerio de Justicia, quien lleva el Registro Público de Entidades Religiosas, establecido en el Decreto N° 303, del año 2000, y les otorga la personalidad jurídica de derecho público.

Las entidades religiosas cuentan con patrimonio, el cual está compuesto por bienes que pueden adquirir por sus propios medios o recibir como donación; no están obligadas a llevar contabilidad ni tampoco le son aplicables los regímenes tributarios contenidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta, dada la naturaleza de las actividades que realiza. Además, estas entidades podrían estar obligadas a presentar la Declaración Jurada N° 1945.

En el desarrollo de su actividad propiamente tal, las entidades religiosas no están gravadas con ningún tributo, así como tampoco los bienes raíces que poseen. Del mismo modo las donaciones que reciben, sean éstas para adquirir o mantener sus templos o destinadas al fin propio de la entidad, se encuentran exentas del Impuesto a las Asignaciones y Donaciones. Así también, las entidades religiosas están exentas del Impuesto de Timbres y Estampillas en la medida que tome el carácter de sujeto de dicho tributo. Cabe precisar que, si las entidades religiosas desarrollan actividades afectas a impuestos, aplicarán las normas generales contenidas en las leyes tributarias pertinentes.

No se identifica la existencia un ente fiscalizador que controle el accionar propio de estas instituciones religiosas, lo cual es consecuente con el hecho de que, para disolver una entidad religiosa debe estar a los estatutos de éstas o al cumplimiento de una sentencia judicial firme, recaída en juicio iniciado a requerimiento del Consejo de Defensa del Estado, el que podrá accionar de oficio o a petición de parte.

Según lo interpretó el Servicio de Impuestos Interno, los dignatarios de las entidades religiosas viven a expensas de ésta, por lo que no generan rentas. Cabe precisar que esta interpretación sólo es válida en la medida que las cantidades correspondan a gastos de vida y aquellos relacionados a desarrollar actividades y labores propias del servicio de culto por cuenta de la entidad religiosa y de acuerdo con la función o dignidad del cargo. Si las cantidades no corresponden a los casos señalados, se afectarán con la tributación general aplicable a dicho tipo de rentas.