Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile

gonzalo polanco

Estimados lectores,

En esta centésima décima edición del Reporte Tributario, Nº110 noviembre/2019, estudiaremos un tema que, tras la publicación del reporte tributario Nº13, sobre Franquicias Tributarias en Zonas Extremas, requiere una actualización. Se refiere a los beneficios tributarios de la Ley Arica.  

Esta norma establece interesantes beneficios tributarios para las inversiones que se efectúen en las Provincias de Arica y Parinacota. El principal, es la existencia de un crédito a imputar en contra del Impuesto de Primera Categoría por las inversiones realizadas en dichos lugares, en la medida que los proyectos de inversión correspondan a un monto superior a 500 UTM. Esta disposición, que data del año 1995, fue complementada por la ley 20.655 de febrero de 2013, razón por la cual vale la pena ahora dedicarle nuevamente tiempo a su estudio.  

El Centro de Estudios Tributarios sigue trabajando para colaborar en la difusión de las materias relacionadas con tributación. En ese contexto, los invitamos a visitar www.cetuchile.cl, sitio en el que podrán encontrar publicaciones sobre diversos estudios tributarios, seminarios, apariciones en prensa de nuestros colaboradores e integrantes, análisis de jurisprudencia, historial de reportes tributarios, tesis para la obtención del grado de Magíster en Tributación de la Universidad de Chile, entre otras temáticas.

Invitamos asimismo a todos los lectores a interiorizarse detalladamente de las labores y actividades que desarrolla el Centro de Estudios Tributarios (CET UChile).

Profesor Gonzalo Polanco Zamora
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios
CET Universidad de Chile.

I. INTRODUCCIÓN

En marzo del año 2011 el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile publicó el Reporte N° 13, sobre Franquicias Tributarias de Zonas Extremas, a través del cual se aborda, entre otras materias, el crédito por inversiones en la Región de Arica y Parinacota. Sin embargo, dicho reporte fue emitido antes de la publicación de la Ley N° 20.655, del 1° de febrero de 2013, que introdujo el artículo 1 bis a la Ley N° 19.420 de 1995, conocida también como Ley Arica, permitiendo la suspensión de los Pagos Provisionales Mensuales a los contribuyentes que inviertan en tal región, así como también redujo el monto mínimo de inversión a 500 Unidades Tributarias Mensuales y amplió el plazo para usar el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2025 y la imputación de sus remanentes hasta el año 2045.

Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos ha emitido instrucciones al respecto, a través de la cual ha entregado lineamientos a efectos de la correcta aplicación del beneficio tributario.

Cabe tener presente que la Ley Arica constituye uno de los tantos beneficios tributarios existentes para las zonas extremas de nuestro país, establecidos con el claro propósito de potenciar la actividad económica en dichas localidades. En este caso, se trata de un crédito contra el Impuesto de Primera Categoría, el cual se determina en base a las inversiones en bienes del activo inmovilizado incorporados a los proyectos de inversión que se lleven a cabo en el Región de Arica y Parinacota.

Una vez más, el Centro de Estudios Tributarios invita a la comunidad estudiantil, académicos y profesionales interesados en las materias impositivas a revisar el material docente que se expone, a efectos de conocer con mayor detalle y profundidad el beneficio tributario contenido en la Ley Arica.

II. BENEFICIO TRIBUTARIO POR INVERSIONES EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

A través de la publicación de la Ley N° 19.4201, el 23 de octubre de 1995, se establecieron algunos beneficios tributarios en las provincias de Arica y Parinacota2, con el claro objetivo de incentivar el desarrollo económico de dichas provincias.

El beneficio consiste en un crédito a imputar en contra del Impuesto de Primera Categoría3 por las inversiones que se efectúen en las localidades antes señaladas, destinadas a la producción de bienes o prestación de servicios. Para estos efectos, los proyectos de inversión deben corresponder a un monto superior a 500 Unidades Tributarias Mensuales4, según su valor en el mes en el cual se entienda ejecutado el proyecto respectivo, momento a partir del cual el contribuyente se encuentra habilitado para invocar el crédito que otorga la Ley Arica.


1 En adelante, indistintamente, Ley Arica.
2 Hoy en día ambas provincias pasaron a conformar la Región de Arica y Parinacota, conforme a lo prescrito por la Ley N° 20.175, de 23 de marzo de 2007.
3 En adelante, indistintamente, IDPC.
4 En adelante, indistintamente, UTM.

III. REQUISITOS PARA ACOGERSE AL BENEFICIO

Para acogerse al beneficio en estudio se deberán cumplir una serie de requisitos, los que se centran tanto en las características de los contribuyentes que pueden optar a la franquicia, así como también en los bienes en que inviertan, sin dejar de mencionar los plazos establecidos para materializar la inversión e imputar el crédito determinado y sus remanentes, según se describe a continuación.

i.    Contribuyentes.

Pueden optar a este beneficio las empresas que desarrollen actividades de primera categoría y determinen sus rentas efectivas en base a contabilidad completa.

Además, pueden optar a utilizar el crédito en análisis aquellos contribuyentes que se encuentren acogidos a lo prescrito en el artículo 27 del DFL N° 341, de 1977, a través del cual se extiende el régimen de zona franca a las empresas industriales manufactureras instaladas o que se instalen en Arica.

En el caso de las empresas aludidas en el párrafo anterior, para acogerse a la franquicia deberán renunciar al beneficio tributario de la exención del IDPC otorgado por el régimen de zona franca, quedando sometidas a dicho tributo desde el primer año en que imputen el crédito y hasta que terminen de imputar el crédito y sus remanentes, manteniendo los demás beneficios del DFL 341. Además, los citados contribuyentes quedan afectos a las normas que rigen al IDPC, como la determinación de la base imponible, plazo de declaración y derecho a imputar en contra del IDPC otros créditos, en caso que tengan derecho a ellos . Una vez imputado todo el crédito y sus remanentes (año comercial siguiente), los contribuyentes pueden volver a optar por la exención del IDPC que otorga el régimen del DFL 341.

Conforme a lo antes señalado, no podrán acogerse al beneficio los siguientes contribuyentes:

i. Los no afectos o exentos del IDPC.
ii. Los afectos al IDPC que declaren su renta efectiva mediante contabilidad simplificada u otros documentos.
iii.Los afectos al IDPC acogidos a un régimen de presunción de renta.
iv. Los contribuyentes de la segunda categoría.
v. Los contribuyentes que, a la fecha de la deducción del crédito, adeuden al Fisco impuestos o gravámenes aduaneros con plazo vencido o sanciones por infracciones tributarias o aduaneras, según lo establecido expresamente el artículo 5 de la Ley Arica.

ii.    Bienes.

Conforme a lo señalado en el inciso tercero del artículo 1 de la Ley Arica, el beneficio aplicará sobre los bienes físicos del activo inmovilizado, entendiendo por éstos, de acuerdo a la técnica contable, aquellos que han sido adquiridos o construidos con el ánimo de usarlos en la producción de bienes o prestación de servicios, según sea el giro del contribuyente, sin el propósito de negociarlos, revenderlos o ponerlos en circulación, y que tengan el carácter de construcciones, maquinarias o equipos. A continuación, se especifican los tipos de bienes sobre los cuales corresponde invocar el beneficio tributario en análisis:

i. Construcciones, maquinarias y equipos, incluyendo los inmuebles destinados preferentemente a su explotación comercial con fines turísticos.

Los bienes antes señalados deben ser adquiridos nuevos o construidos por el propio contribuyente o por un tercero para él, siempre que sean depreciables y estén destinados a la producción de bienes o servicios de la empresa. Para estos efectos se entiende por “equipo” al conjunto de maquinarias, útiles y accesorios que complementen una inversión principal.

Los bienes inmuebles destinados preferentemente a fines turísticos incluyen todo el equipamiento complementario, tales como instalaciones, mobiliarios, enseres y accesorios para el desarrollo de la actividad, y que sean depreciables, por ejemplo: casinos de juego, hoteles, entre otros. El concepto “preferentemente” debe entenderse en el sentido de que los citados bienes no deben tener un destino exclusivo a la explotación indicada, por lo que procede incorporar aquellos inmuebles cuya explotación por naturaleza del giro que desarrolla el contribuyente no garantizan la utilización única relacionada con el turismo, como por ejemplo restaurantes y discotecas, entre otros.

ii.    Construcciones de edificaciones destinadas a oficinas o al uso habitacional, que incluyan o no locales comerciales, estacionamientos o bodegas.

Las construcciones de edificaciones deben efectuarse en el perímetro urbano de Arica y las áreas declaradas como centros de interés turístico por el SERNATUR .

Cabe precisar que el beneficio puede ser invocado por quien efectivamente invierte en la construcción de dichos inmuebles, por cuenta propia o encargada a un tercero; la empresa constructora que construye por encargo de un tercero no se beneficia con el crédito. Distinto es el caso en el cual una empresa constructora edifica para vender por cuenta propia, situación en la cual tal empresa sí se beneficia con el crédito. Para cuantificar el beneficio se considera el valor actualizado de la construcción.

En caso que los inmuebles incluyan locales comerciales, estacionamientos o bodegas, éstos deben ser accesorios al proyecto principal destinado a oficinas o de uso habitacional.

iii.    Vehículos especiales fuera de carretera con maquinaria montada.

Dentro de este tipo de bienes se encuentran, por ejemplo, los camiones betoneras, grúas en general, bulldozer y motoniveladoras, entre otros.

En virtud a todo lo antes señalado y a lo precisado por la Ley Arica, no dan derecho al uso del beneficio los siguientes bienes:

a. Bienes no sujetos a depreciación, como los terrenos, por ejemplo.
b. Los que tengan una vida útil normal inferior a 3 años.
c. Los vehículos motorizados en general.
d. Los bienes usados en general.
e. Las remodelaciones, mejoras o reparaciones efectuadas a bienes muebles e inmuebles.

iii.    Plazos para acogerse y hacer uso del crédito.

Conforme a lo prescrito en el penúltimo inciso del artículo 1 de la Ley Arica, los contribuyentes podrán acogerse al beneficio en análisis hasta el 31 de diciembre de 2025 y sólo se aplicará respecto de los bienes incorporados al proyecto de inversión a esa fecha, no obstante que la recuperación del crédito a que tengan derecho podrá hacerse hasta el año 2045.


1 Circular SII N° 50, de 1995.
2 Servicio Nacional de Turismo.

IV. PROYECTOS DE INVERSIÓN

El beneficio tributario en comento aplica sobre proyectos de inversión que se lleven a cabo en la Región de Arica y Parinacota. En este sentido, la Circular N° 50, de 1995, respecto al concepto de proyecto de inversión, precisa que:

i. Debe tratarse de una inversión que por sí sola posibilite el inicio de una actividad económica, consistente en la producción de bienes o prestación de servicios.
ii. O bien, que permita la ampliación de las capacidades reales de producción o mejorar la calidad de los productos o servicios en caso que el inversionista ya realizaba la actividad.

De esta forma, quedan excluidas las inversiones orientadas a actividades meramente primarias, extractivas o comerciales, toda vez que en estos casos no se cumpliría con la condición de que los bienes adquiridos o construidos estén directamente vinculados con la producción de bienes o prestación de servicios.

El proyecto de inversión debe estar contenido en un documento escrito en el cual se deben señalar, entre otros, los siguientes antecedentes:

i. Tipo de actividad a realizar y lugar.
ii. Financiamiento del proyecto.
iii. Detalle de los bienes a adquirir o construir.
iv. Fecha estimada de inicio y término del proyecto.
v. Monto de la inversión.

Dicho documento debe existir antes de iniciar el proyecto y estar firmado por el contribuyente o su representante legal, debiendo mantenerse a disposición del Servicio de Impuestos Internos para cuando dicha autoridad lo requiera.

V. DETERMINACIÓN DEL MONTO DEL CRÉDITO

Al momento de determinar el crédito se deberá tener presente, en primera instancia, la provincia en la cual está situado el proyecto de inversión y el tipo de bien incorporado al mismo, toda vez que de estos factores dependerá el porcentaje del beneficio a considerar, según se muestra en los siguientes esquemas:

Efectuado lo anterior, se deberá proceder a determinar la base de cálculo del beneficio, que corresponderá a la valorización de los bienes susceptibles de acoger al beneficio, la cual variará dependiendo del tipo de bien que se trate, según la siguiente distinción1:

i. Maquinarias y equipos adquiridos en el mercado nacional.
ii. Maquinarias y equipos importados.
iii. Bienes construidos por la propia empresa.
iv. Bienes construidos por terceros.
iv. a. A través de un contrato general de construcción por suma alzada.
iv. b. A través de un contrato general de construcción por administración.

Una vez valorizados los bienes respectivos, se procederá a aplicar el porcentaje correspondiente, determinando de esta forma el monto máximo del beneficio, el cual se imputará en contra del IDPC que afecte a la empresa en ese año comercial. Cabe precisar, que el crédito así determinado se imputará en contra del IDPC que afecte a la totalidad de las operaciones que desarrolle el contribuyente en el territorio nacional2 y no solamente por las actividades que desarrolle en la región de Arica y Parinacota.


1 Mayor detalle de composición del valor de los bienes se encuentra en la Circular SII N° 50, de 1995.
2 Oficio SII N° 371, de 2007.

VI. SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DEL CRÉDITO POR LEY ARICA

El crédito determinado conforme a lo prescrito anteriormente, se imputará en contra del IDPC que afecte a la empresa respectiva en el año comercial en que se adquieran o se terminen de construir los bienes respectivos, según corresponda.

Si de dicha imputación resultare un remanente de crédito, es decir, el IDPC a pagar es menor al total del crédito determinado conforme a la Ley Arica, dicho remanente podrá ser imputado en los ejercicios siguientes, hasta su total extinción1.


1 Inciso segundo del artículo 2 de la Ley Arica.

 

VII. VALOR BIENES ACTIVO INMOVILIZADO PARA DEPRECIACIÓN

En concordancia con lo antes expuesto, es relevante señalar que el monto del crédito determinado conforme a las disposiciones de la Ley Arica no formará parte del costo de adquisición o construcción de los bienes que forman parte del proyecto de inversión respectivo1.

De esta forma, el valor de los bienes adquiridos o construidos deberá ser rebajado en el monto del crédito por Ley Arica determinado, procediendo a depreciar el bien en base al monto neto resultante de dicha operación. Este mismo monto así determinado deberá tenerse presente para efectos de su corrección monetaria y depreciación en los ejercicios siguientes.

 


1 Conforme a lo dispuesto en la letra L), del apartado III de la Circular SII N° 50, de 1995.

 

VIII. FORMA DE ACOGERSE AL BENEFICIO

Tal como se ha señalado anteriormente en este reporte, el crédito por Ley Arica podrá imputarse en el ejercicio a partir del cual los bienes respectivos sean adquiridos o terminados de construir, es decir, desde que los bienes estén disponibles para ser usados por la empresa. Además, se debe tener presente que la Ley Arica se refiere a proyectos de inversión, por lo que, en caso que dicho proyecto contemple la adquisición y/o construcción de más de un bien, para hacer uso del beneficio se deberá atender a la completitud del mismo, es decir, todos los bienes deben estar adquiridos y/o construidos1, según corresponda.

Tratándose de maquinarias y equipos, se considera como ejercicio de adquisición de los bienes aquel en que éstos puedan ser utilizados o entrar en funcionamiento, es decir, cuando tengan una identidad propia y definitiva representada por un valor en el activo de la empresa.

En el caso de los bienes inmuebles, debe entenderse por ejercicio en el cual se termina de construir completamente el bien aquel en que se dio por concluida su construcción, y, por consiguiente, el bien está en condiciones de ser utilizado en forma efectiva, debiendo contar con la Recepción Municipal certificada por la dirección de obras municipales que corresponda.

Para efectos de materializar el uso del beneficio en análisis, las empresas deben efectuar la imputación del crédito en su declaración anual de impuestos, Formulario N° 22 del año tributario correspondiente. Del mismo modo, para acceder al crédito que otorga la Ley Arica, los contribuyentes deberán informar en dicha declaración el monto de la inversión2 que representa la base de cálculo del beneficio. Para el año tributario 2019 el monto de la inversión por Ley Arica debió informarse en el recuadro N° 4 y el crédito correspondiente en el recuadro N° 8, según se muestra a continuación:



 


1 Conforme a lo señalado en el N° 1 de la letra H), del apartado III de la Circular SII N° 50, de 1995.
2 Artículo 3 de la Ley Arica.

 

IX. PLAZO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO

Conforme a lo que señala el penúltimo inciso del artículo 1 de la Ley Arica, los contribuyentes podrán acogerse al beneficio del crédito en referencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y sólo se aplicará respecto de los bienes incorporados al proyecto de inversión a esa fecha, no obstante que la recuperación del crédito a que tengan derecho podrá hacerse hasta el año 2045.

En base a lo anterior, los proyectos de inversión deberán materializarse hasta el año comercial 2025, es decir, los bienes deben adquirirse o terminarse construir hasta esa fecha a efectos de proceder a la imputación de crédito por Ley Arica. Los remanentes que se generen de dicha imputación podrán imputarse hasta el año comercial 2045.

X. INCOMPATIBILIDAD DEL CRÉDITO

Según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5 de la Ley Arica, el beneficio analizado en el presente reporte es incompatible con cualquier otra bonificación otorgada por el Estado sobre los mismos bienes, dispuesta especialmente con el fin de favorecer a la Región de Arica y Parinacota, debiendo el contribuyente optar por uno de ellos.

Cabe aclarar que el crédito que se analiza es compatible con el crédito de igual naturaleza del artículo 33 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta1, pudiendo el contribuyente, por lo tanto, invocar ambos créditos sobre el mismo monto de la inversión en el ejercicio tributario en que se encuentre habilitado para ello2. Lo anterior, dado que el crédito establecido en el artículo 33 bis no es exclusivo para la región de Arica y Parinacota, sino que más bien es de carácter general para todo tipo de contribuyentes que cumplen los requisitos para utilizarlo.

Un ejemplo de beneficio incompatible con el crédito de la Ley Arica analizado es el contenido en el artículo 38 del Decreto Ley N° 3.529 de 1980 y su reglamento contenido en el DFL N° 15, de 1981, del Ministerio de Hacienda, a través del cual se bonifican las inversiones y reinversiones productivas de los pequeños y medianos inversionistas de la región de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén del Presidente Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y Antártica Chilena, y provincias de Chiloé y de Palena.

 


1 En adelante, indistintamente, LIR.
2 Párrafo final de la letra L) del apartado III de la Circular SII N° 50, de 1995.

 

XI. SITUACIÓN DEL CRÉDITO POR IDPC CONTRA LOS IMPUESTOS FINALES

Conforme a lo prescrito en el artículo 2 de la Ley Arica, la imputación del crédito en análisis al IDPC no afecta la procedencia del crédito por concepto de dicho tributo, establecido en los Artículos 56, N° 3 y 63, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Es decir, si el citado tributo de categoría ha sido cubierto total o parcialmente con el crédito tributario de la Ley Arica, los propietarios, socios o accionistas de las empresas favorecidas con tal crédito, de todas maneras, tienen derecho a invocar en su totalidad el crédito por IDPC en contra de los impuestos Global Complementario o Adicional que les afecta por las rentas o cantidades retiradas o distribuidas.

De esta forma, en el evento que, por ejemplo, en contra del impuesto Global Complementario se impute el IDPC, financiado este último con el crédito por Ley Arica, resultando una diferencia a favor del contribuyente de impuesto final, éste tendrá derecho a la devolución de dicho saldo a favor.

XII. SUSPENSIÓN DE LOS PAGOS PROVISIONALES MENSUALES

A través del N° 3 del artículo 4 de la Ley N° 20.655, de 2013, se incorporó a la Ley Arica el artículo 1 bis, que contempla el beneficio de suspensión de los pagos provisionales mensuales1 a que se refiere el artículo 84 de la LIR, para los contribuyentes que se acojan al crédito tributario en análisis.

Para acogerse al beneficio de suspensión de los PPM los contribuyentes deberán presentar la Declaración Jurada Anual N° 19082 en la unidad del SII que corresponda a la jurisdicción de su domicilio, sólo en papel, rigiendo la suspensión de los PPM respecto de los ingresos brutos obtenidos a contar de la presentación de dicha declaración jurada y hasta el término de ese año comercial.

Los contribuyentes podrán acceder a la suspensión total de los PPM a partir del cuarto año contado desde aquel en que hayan presentado su declaración de inicio de actividades afectas al IDPC. Los contribuyentes que tengan menos de 4 años de actividad podrán suspender los PPM obligatorios durante los meses que correspondan del año comercial en que presentan la declaración jurada, hasta por un monto equivalente al 25% de los desembolsos totales destinados a las inversiones a que se refiere esta ley, estimados para el correspondiente año comercial.

Para aplicar la suspensión de los PPM se deberá determinar un crédito estimado por Ley Arica para el ejercicio respectivo, el cual estará conformado por los remanentes a imputar en los ejercicios posteriores más un crédito estimado en función del porcentaje de crédito que corresponda (30% o 40%, dependiendo de la provincia y el tipo de bienes en que se invierta) aplicado sobre los desembolsos proyectados para el ejercicio, que se destinen a las inversiones a que se refiere la Ley Arica.

Cuando el crédito estimado conforme a lo descrito en el párrafo anterior sea igual o superior al promedio del IDPC3 determinado por el contribuyente en los últimos 3 años tributarios, procederá la suspensión del total de los PPM. En caso que el crédito estimado resulte inferior al promedio del IDPC, el contribuyente podrá suspender los PPM obligatorios hasta por un monto equivalente al 25% de los desembolsos totales destinados a las inversiones a que se refiere esta ley, estimados para el correspondiente año comercial.

 


1 En adelante, indistintamente, PPM.
2 Establecida a través de la Resolución Exenta SII N° 52, de 2013.
3 Para calcular el promedio indicado, el impuesto de primera categoría se convertirá a unidades tributarias mensuales según su valor vigente al término del año comercial a que corresponda el impuesto. El número de unidades tributarias mensuales así obtenido se reconvertirá al valor en pesos que aquéllas tengan a la fecha en que se presente la declaración jurada respectiva.

 

XIII. PERMANENCIA DE LOS BIENES MUEBLES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Arica, los bienes muebles incorporados al proyecto de inversión respectivo deberán permanecer en la región de Arica y Parinacota por el plazo mínimo de 5 años, contados desde la fecha en que fueron adquiridos. En caso que dichos bienes quieran ser trasladados fuera de dicha región, el contribuyente deberá requerir autorización del SII, la cual será  otorgada previa devolución del impuesto no enterado en arcas fiscales por la aplicación del crédito tributario, el que para este caso será considerado como impuesto de retención, pudiendo dicho Servicio girarlo de inmediato, conjuntamente con el reajuste, intereses y sanciones que procedan, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario. El contribuyente deberá acreditar la devolución de dicho impuesto ante el Servicio Nacional de Aduanas, al que conjuntamente con el SII, corresponde fiscalizar el cumplimiento de la obligación de permanencia de los bienes por el plazo señalado. Para cumplir con esta función, dichos Servicios podrán solicitar la colaboración de Carabineros de Chile.

No obstante lo anterior, el Servicio Nacional de Aduanas podrá autorizar la salida de los bienes desde la región de Arica y Parinacota, antes del cumplimiento del plazo de los 5 años y sin la previa devolución del impuesto, cuando la reparación de dichos bienes así lo exija, por un plazo de tres meses prorrogables hasta por un año, por razones fundadas. En caso de excederse del plazo señalado se aplicará al contribuyente una multa equivalente al 1% del valor de adquisición del bien, reajustado a la fecha de la multa, considerando la variación experimentada por la UTM desde la fecha de adquisición. Transcurridos 6 meses desde el vencimiento del plazo sin que se produzca el reingreso de los bienes, el contribuyente deberá proceder a la devolución de los impuestos.

 

XIV. MODIFICACIONES PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA

Respecto de la Ley Arica, el proyecto de ley que moderniza la legislación tributaria contempla sólo una modificación, la cual se refiere a la ampliación del plazo para acogerse al beneficio y a la recuperación de los remanentes que se generen fruto de su imputación al IDPC.

Así, el artículo décimo quinto de dicho proyecto de ley señala que los contribuyentes podrán acogerse al beneficio del crédito en referencia hasta el 31 de diciembre de 2035, mientras que la recuperación del crédito a que tengan derecho podrá hacerse hasta el año 2055.

XV. CONCLUSIONES

A través de la Ley Arica se buscó incentivar el desarrollo de la actividad económica en la Región de Arica y Parinacota mediante el establecimiento de un crédito imputable en contra del IDPC, determinado sobre el valor de las inversiones en activos inmovilizados que formen parte de proyectos de inversión a desarrollar en dicha localidad. El crédito podrá imputarse contra el IDPC en el ejercicio en que los bienes hayan sido adquiridos o terminados de construir, en el evento que el proyecto de inversión contemple más de un bien, la imputación procederá cuando se adquiera o termine de construir el último de ellos. En caso de generarse un remanente de crédito, éste podrá ser imputado en ejercicios siguientes. Cabe precisar que el beneficio analizado no afecta el derecho a crédito contra los impuestos finales a que se refieren los artículos 56 N° 3 y 63 de la LIR.

Pueden acceder a este beneficio los contribuyentes que desarrollen actividades de primera categoría y que determinan su renta efectiva en base a contabilidad completa, incluidas las empresas industriales manufactureras instaladas o que se instalen en Arica, acogidas al régimen de zona franca. Las inversiones deben corresponder a bienes nuevos, sean éstos construcciones, maquinarias o equipos, incluyendo inmuebles destinados preferentemente a su explotación comercial con fines turísticos, construcciones destinadas a oficinas o al uso habitacional, que incluyan o no locales comerciales, estacionamientos o bodegas, o vehículos especiales fuera de carretera con maquinaria montada. El valor de los bienes antes individualizados se verá disminuido con motivo de la utilización del beneficio analizado, lo que deberá tenerse en cuenta al momento de calcular la depreciación tributaria de los mismos.

Los proyectos de inversión deben constar por escrito, firmados por el contribuyente o su representante legal, y estar a disposición de la autoridad tributaria para cuando ella lo requiera. Para acogerse al beneficio tributario, dichos proyectos de inversión deben ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2025, pudiendo recuperarse los créditos que se generen hasta en 31 de diciembre de 2045. No obstante lo anterior, el proyecto de ley que moderniza la legislación tributaria, actualmente en el Senado, amplía los plazos antes señalados a 2035 y 2055, respectivamente.

El beneficio analizado es incompatible con otros beneficios otorgados por el Estado sobre los mismos bienes, dispuesto especialmente con el fin de favorecer a la Región de Arica y Parinacota, debiendo el contribuyente optar por uno de ellos, cosa que no aplica para el beneficio establecido en el artículo 33 bis de la LIR. Además, los bienes considerados para la determinación del beneficio tributario deben permanecer como mínimo 5 años en dicha región, sin perjuicio de salidas transitorias con motivo de reparaciones previa autorización del Servicio Nacional de Aduanas, en caso de salidas definitivas desde la Región de Arica y Parinacota antes del plazo señalado, se requerirá de autorización del SII previa devolución del IDPC que se dejó de pagar con motivo del beneficio analizado.

Finalmente, los contribuyentes acogidos al beneficio analizado podrán suspender sus pagos provisionales mensuales obligatorios, para lo cual deberán dar aviso al SII a través de la DJ 1908, pudiendo suspender el 100% de dichos PPM o hasta el 25% de los desembolsos por inversiones de la Ley Arica estimados para el año comercial respectivo, dependiendo del tiempo que lleven desarrollando sus actividades y del resultado de comparar el crédito estimado con el IDPC promedio a que se refiere el artículo 1 bis de la Ley Arica.