José Yáñez Henríquez, Director Centro Estudios Tributarios, Universidad de Chile. 03/06/2010 Diario Estrategia.

El mercado es un instrumento que produce una asignación de recursos eficiente cuando se cumplen ciertos requisitos. También genera una distribución del bienestar económico creado en la economía. Sin embargo, esa distribución puede no estar de acuerdo con el criterio de equidad que les gustaría alcanzar a los ciudadanos. Por eso se ha considerado que una función del Estado es redistribuir el bienestar producido en el mercado, de acuerdo a una particular definición de equidad. Esto se ha realizado históricamente por la vía de la redistribución obligatoria o forzosa. Esto es, cobrar impuestos a los que tienen un mayor bienestar y transferirlo a través de subsidios en dinero o en especies a los que tienen menos.

Sin embargo, también existe la posibilidad de llevar a cabo una redistribución voluntaria. Es decir, que las personas por decisión propia y sin ser obligadas transfieran parte de sus recursos a los más necesitados ¿Por qué podrían estar dispuestos a hacer esto?

Por altruismo, para comprar una buena imagen social, para comprar estabilidad económica, política y social. No debemos olvidar una lección de la historia: la pobreza de la población es el caldo de cultivo de la insatisfacción social y su reacción desestabilizadora del sistema económico, político y social reinantes en un momento del tiempo. Las grandes revoluciones y los movimientos revolucionarios han surgido como una reacción a la pobreza. Por ello, quienes alcanzan posiciones de privilegio en un determinado sistema económico, político y social deberían estar dispuestos a financiar la solución de la pobreza para evitar la desestabilización.

La redistribución voluntaria es una política óptima de Pareto. Es decir, una política donde todos los involucrados ganan: el Estado, el donante y el receptor de las transferencias. Permite que los privados en conjunto con el Estado puedan dirigir la política de redistribución. Este es el aspecto atractivo para la economía.

Sin embargo, la redistribución voluntaria cumple con las características que definen a un bien público. Por lo tanto, aparece la conducta free-rider, es decir, todos queremos participar de los beneficios que se derivan de las cosas, pero si podemos eludimos participar en su financiamiento. Esto significa que todos esperan que alguien ponga recursos para realizar la redistribución voluntaria y todos los demás se sienten felices por ello sin realizar un aporte.

Para resolver este aspecto es que se indica que el Estado cree incentivos para estimular la redistribución voluntaria. Para ello debe crear los mecanismos apropiados para canalizar las donaciones voluntarias y otorgar incentivos económicos, como por ejemplo, de tipo tributario. Es decir, permitir que una parte de los recursos donados pueda ser descontada del pago de impuestos. De esta manera los privados serán motivados a realizar donaciones voluntarias. Por cierto, no se puede esperar que esta redistribución vaya a ser capaz de reemplazar a la obligatoria, solo más bien hay que pensar que funcionen complementariamente. Ligarla como fuente de financiamiento de la reconstrucción de los daños de una catástrofe es una buena idea.

José Yáñez Henríquez
Director Centro Estudios Tributarios
Facultad Economía y Negocios
Universidad de Chile


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