José Yañez, Director  Centro de Estudios Tributarios, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Diario Financiero

En las últimas semanas, las demandas sociales han incidido en el cambio del proyecto de modernización tributaria. Ante el surgimiento de nuevas medidas es importante preguntarse quién realmente paga los impuestos aplicados por la autoridad tributaria.

Muchas personas señalarían que quien asume el costo es aquel individuo que de acuerdo con la ley está obligado a su pago, por lo que bastaría con leer la ley del impuesto correspondiente para despejar la duda sobre quién pagará. En general, esta respuesta es incorrecta.

El agente económico que según la ley esta obligado al pago del impuesto es el contribuyente o sujeto pasivo. Sin embargo, el contribuyente señalado en el texto legal, en la práctica, no es necesariamente el que termina pagando el impuesto. Hacer esta distinción desde el punto de vista de la recaudación resulta clave cuando se busca determinar el impacto de los impuestos en la distribución del ingreso.

En este caso, la autoridad tributaria es la encargada de establecer el impacto o la incidencia legal del impuesto, determinando el agente económico encargado de recaudar el impuesto, pero no necesariamente de quién lo terminará pagando, debido a que los impuestos pueden ser trasladados entre los agentes económicos que participan en el mercado. De aquí surge el concepto incidencia económica de un impuesto, el cual se refiere a la determinación del o los agentes económicos que terminan haciéndose cargo del costo del gravamen. Cabe destacar que el impuesto y sus costos asociados pueden ser pagados por uno o más agentes económicos del mercado.

Normalmente, el agente que recauda el impuesto y se lo pasa al Fisco no es el mismo, por lo que el impacto es diferente a la incidencia de un impuesto. Esto se explica por el proceso de traslación de los impuestos, que se produce debido a que los impuestos alteran el precio del bien gravado, de los factores productivos usados en su fabricación y otros bienes no gravados.

Mientras exista la posibilidad de sustituir, la traslación de impuestos hacia otros agentes económicos se hace más fácil, puesto que el consumidor del bien gravado puede evitar pagar el impuesto buscando bienes sustitutos que no están gravados o lo están a una menor tasa. Lo mismo ocurre con el factor de producción gravado o usado en la fabricación de un bien gravado, en el que se puede evitar el impuesto buscando alternativas de empleo no gravadas o que lo estén a una tasa más baja.

La traslación de los impuestos depende de un conjunto de variables económicas, tales como la elasticidad precio de la función demanda; elasticidad precio de la función oferta; tamaño del área geográfica que cubre el impuesto, que considera países unitarios o federados; la naturaleza del impuesto, que pueden ser directos o indirectos; la forma de organización del mercado, como la competencia y monopolio; el nivel de la actividad económica, si existe boom o recesión; el periodo de tiempo; la disponibilidad de sustitutos; la naturaleza de la demanda por bienes de consumo básicos o de lujo; la política económica seguida por los gobiernos, si existe libertad o fijación de precios; así como las condiciones físicas de producción, tales como los costos crecientes, constantes o decrecientes.

Entendiendo que existen muchas variables que pueden afectar al agente económico que finalmente asume el costo de los impuestos no es conveniente establecer gravámenes de cualquier tipo en el proyecto de reforma tributaria y prometer que estos serán pagados efectivamente por un contribuyente específico. En este caso, el mecanismo de traslación de impuestos dice todo lo contrario, por lo que debe ser un factor de suma importancia a considerar cuando se esté legislando.