Gonzalo Polanco, Director  Centro de Estudios Tributarios, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Diario Financiero

En los días recientes, se retomó la discusión por el proyecto de ley llamado "modernización tributaria". Tanto gobierno como oposición han mostrado sus cartas y se darán un tiempo para conversar y encontrar puntos de acercamiento. Por lo tanto, sólo en el mes de marzo veremos la suerte que tendrá el proyecto de ley y sabremos con más certeza qué aspectos seguirán su curso, cuáles tendrán modificaciones -sustantivas o menores- y cuáles definitivamente serán archivados.

Sea cual sea el resultado de esta negociación y del proyecto definitivo, lo que parece estar claro es que la discusión tributaria en nuestro país no se zanjará. Y esto por varios motivos.

Uno de ellos es por la dinámica de nuestro ciclo político: el gobierno dura sólo cuatro años, de los cuales hay dos que están marcados por elecciones. Los proyectos de ley que implican modificaciones sustanciales deben ser presentados y concluidos con urgencia. Esta escasez de tiempo impide la existencia de un debate a nivel de universidades, centros de estudios e instancias técnicas de manera previa a la presentación del proyecto al Poder Legislativo. En otras latitudes, estas instancias permiten morigerar la discusión política y consensuar algunas propuestas que son de importancia técnica y que no están en el debate político, como por ejemplo adaptar nuestra legislación tributaria a la cada vez más nutrida normativa internacional.

El segundo motivo tiene que ver con la realidad económica, puesto que la tributación toma como base la actividad económica, la cual se torna cada vez más cambiante. Hace unos días, un amigo me preguntó sobre el tratamiento tributario respecto del IVA, del procesamiento y entrega de información en una serie de operaciones mineras, en las que se utiliza, en alguna medida, herramientas de inteligencia artificial. Tras una extensa búsqueda -a pesar de encontrar una solución razonable-, llegamos a la conclusión que no hay mucha claridad sobre el asunto. Esto es lógico, ya que la norma que regula esta operación específica data del año 1974, época en que no se hablaba siquiera de Internet. Por lo tanto, nuestro sistema tributario difícilmente podrá entregar respuesta a desafíos que impone una economía que es muy diferente a la de la década de los setenta.

De varias razones, estos dos ejemplos dan cuenta de que está latente la posibilidad de que se vuelva a abrir el debate sobre otros aspectos tributarios en el futuro.

Creo que la conversación en torno al tema tributario se ha centrado solo en aspectos como la integración total o parcial del sistema, sin siquiera plantearse muy seriamente si existe la posibilidad de implementar la desintegración completa -como existe en la mayoría de los países OCDE- y mucho menos en otros temas relacionados con la nueva economía.

¿Significa esto que necesariamente debemos aceptar la idea de que en cuatro años más veamos un debate similar? Sigo creyendo que no es conveniente para el país que se discutan las bases estructurales de su sistema tributario con tanta frecuencia. Por lo anterior, sería conveniente que en la actual negociación se abriera un espacio para que en aquellos puntos en los que no se logre el adecuado consenso, se dispongan de comisiones técnicas que elaboren sugerencias de largo plazo. Aprendamos de nuestra historia.


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