Javier Jaque, Profesor Centro de Estudios Tributarios, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, La Tercera

En el gobierno se está analizando la factibilidad de elevar la carga impositiva en algunos productos donde existe espacio, e incluso establecer tributos a otros sectores. En este último punto, una opción que se considera es la aplicación de gravámenes a las plataformas de Uber y Cabify. Como alternativas de alzas se barajan los llamados impuestos verdes, el del azúcar y los alimentos altos en grasa, la renta presunta y el de los alcoholes.

El puzzle tributario sigue abierto. Si bien en la cuenta pública del 1 de junio el Presidente Sebastián Piñera cerró la puerta a la rebaja del impuesto de primera categoría de 27% a 25% que señalaba el programa de gobierno, el proyecto se encuentra aún lejos de estar listo, ni mucho menos cerrada la discusión sobre la ingeniería de detalles que contendrá una de las iniciativas estructurales que impulsará la actual administración.

Todo este cambio respecto de lo presupuestado originalmente se debió a la necesidad de mayores recursos que tiene el Fisco para hacer frente a los gastos de su programa y a los de arrastre, que suman US$ 26.500 millones. Por lo anterior, hoy todo está en fase de definición y con varias alternativas sobre la mesa.

La primera de esas definiciones es el avanzar o no hacia la integración total del sistema a la renta. Al interior del gobierno cuentan que hasta antes del 1 de junio se daba por sentado que se mantendría el hecho de reducir el gravamen de primera categoría y que se buscaría la fórmula para llevarlo adelante a través de una gradualidad en el tiempo. Sin embargo, la decisión del Presidente cambió el esquema, por lo que ahora, si bien se mantiene el objetivo de avanzar hacia la integración, solo se tendrá la certeza de que eso será así una vez que el proyecto esté redactado y listo para ser presentado. Dicha medida tendría un impacto fiscal del orden de US$ 300 millones menos por año. Dado ello y la necesidad de gastos públicos, Hacienda puso la lupa sobre algunos productos donde existe espacio para subir sus gravámenes, e incluso se está analizando establecer tributos a otros sectores productivos. En este último punto, una opción que el gobierno baraja es la aplicación de impuestos a las plataformas de Uber y Cabify. Una pista al respecto la entregó el propio Presidente Piñera el jueves, al señalar que en la ley que se presentará para regularizar estas aplicaciones se considerará el pago de impuestos.margen de acción, es la renta presunta. Hoy existiría un acuerdo a nivel técnico de que no se justifica mantener este régimen tal como está, ya que existen varios mecanismos tecnológicos, como la factura electrónica, que permiten que las pequeñas empresas puedan pagar sus tributos por la totalidad de sus utilidades sin demasiada sofisticación. De eliminarse, se generarían unos US$ 350 millones anuales para el Fisco. “Si bien más limitado que antes, en la práctica la renta presunta sigue siendo fundamentalmente un mecanismo para que contribuyentes de ingresos altos eludan impuestos y hay que eliminarla”, comenta Agostini. Guerrero se muestra partidario de lo mismo, pero recomienda que esta eliminación “debe hacerse gradualmente en un trabajo conjunto con el SII, de manera que todos aquellos pequeños contribuyentes que se encuentran actualmente acogidos a dicho sistema se incorporen al régimen del 14 ter que regula a las pymes, norma que también debe, en mi opinión, modificarse”. Desde el gobierno indicaron que todos estos productos son variables que están sobre la mesa, pero aún no hay una decisión tomada, la cual será finalmente resorte del Primer Mandatario.

De acuerdo a un reciente estudio de la Comisión Nacional de Productividad, la regularización de Uber le habría permitido al Fisco recaudar unos US$ 50 millones en 2017.

Según fuentes del gobierno, lo que aún no está claro es si este cambio tributario se incorporará dentro de la reforma o bien será una ley aparte que luego se complementará con la modernización impositiva que hará el Ejecutivo.

Otro alto personero del gobierno señala que pese a que todavía no hay definiciones, los equipos técnicos están realizando los cálculos de factibilidad de subir algunos impuestos y de esa manera ir avanzando en la discusión interna en Hacienda y luego en las bilaterales que la cartera que dirige Felipe Larraín sostiene con el Presidente de la República. De hecho, mañana habrá una nueva reunión donde asistirán, junto al ministro Larraín, la coordinadora de Reforma Tributaria, Carolina Fuensalida; el coordinador de Política Tributaria, Manuel Alcalde, y el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda. Otro foco donde Hacienda puso hincapié durante la última semana es en la reducción de la evasión y por esa vía mejorar la recaudación, tal como sucedió con el IVA, en donde la primera bajó de 20,68% a 19,95% en 2017.
La lista que mira la autoridad

La lista de gravámenes que la autoridad está revisando la encabezan los llamados impuestos verdes a las fuentes fijas. Desde el gobierno señalan que si bien en la reforma de Bachelet se aplicó un alza en este tributo, todavía queda espacio para subirlo, aunque precisan que podría tener algún impacto en la actividad. No obstante, forma parte del análisis del Ejecutivo.

Hoy, dicho impuesto grava las emisiones por cada tonelada emitida al aire de material particulado con US$ 0,9; al dióxido de azufre con US$ 0,01; al dióxido de carbono con US$ 5 y a óxidos de nitrógeno con US$ 0,025 producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en su conjunto, suman una potencia térmica igual o mayor a 50 MWt (megavatios térmicos). En 2017 se recaudaron US$ 182 millones. De ese total, el 90% correspondió a las generadoras.

El abogado de Guerrero Valle Garcés, Sebastián Guerrero, sostiene que junto con evaluar un alza del tributo a las emisiones de fuentes fijas, “lo que me parece correcto es analizar si este impuesto está gravando a todos los emisores por igual o privilegiando a algunas industrias por sobre otras, igualmente contaminantes”. Dentro de los impuestos verdes, la opción que cuenta con respaldo técnico es subir gradualmente el gravamen al diésel, acercándose a lo que paga la bencina. Sin embargo, en el gobierno afirman que políticamente es poco viable.

Otra de las opciones en estudio tiene relación con aplicar impuestos a los alimentos con altos contenidos de azúcar y altos en grasas saturadas. Una fuente que sigue de cerca este proceso señala que lo anterior no tendría un mayor impacto sobre la actividad del sector y que sería menor al de los impuestos verdes, además de que se estaría combatiendo un mal para la salud. Como base señalan que se podría mirar el informe que hicieron académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Universidad de Chile, donde se propone implementar impuestos específicos de $ 1,9 por gramo de azúcares, $ 23 por gramo de sodio y $ 31 por gramo de grasa saturada. Con ello se podrían recaudar entre US$ 350 millones y US$ 400 millones al año.

Este gravamen afectaría, por ejemplo, adicionalmente a la producción de bebidas azucaradas. Hoy, este tipo de productos ya paga un impuesto específico de 10% como tasa general, a la cual se le suma una tasa de 18% cuando tengan más de 15 gramos por cada 240 mililitros o porción equivalente. “Esta es una discusión que tenemos que tener. Dinamarca, Noruega, Finlandia, Hungría y México ya han avanzado en la implementación de impuestos de este tipo y es un debate que ya empezó en muchos países”, afirma el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini. Mientras que para el académico del Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información de la Universidad de Chile, Javier Jaque, “este tipo de proyectos necesita elevar los estándares de la fiscalización al interior de los procesos productivos. Se requiere una legislación sólida al respecto, que más que tener un incentivo recaudador tenga un objeto desincentivador”.

También dentro del puzzle de alternativas aparece el incrementar el impuesto a las bebidas alcohólicas. Aunque hoy dicho tributo es de los más altos dentro de los países de la OCDE, con una tasa de 31,5% que se aplica sobre el precio neto del producto, es decir, antes del IVA. Agostini señala que una forma de avanzar para corregir esta externalidad negativa es modificar la base del impuesto, aplicándola sobre la cantidad y no el precio, por lo que se podría modificar el tributo a uno en base al contenido de alcohol puro medido en gramos.


Renta presunta

Un beneficio que cada cierto tiempo aparece como posible de ser revisado, e incluso en la reforma de Bachelet se limitó su margen de acción, es la renta presunta. Hoy existiría un acuerdo a nivel técnico de que no se justifica mantener este régimen tal como está, ya que existen varios mecanismos tecnológicos, como la factura electrónica, que permiten que las pequeñas empresas puedan pagar sus tributos por la totalidad de sus utilidades sin demasiada sofisticación. De eliminarse, se generarían unos US$ 350 millones anuales para el Fisco. “Si bien más limitado que antes, en la práctica la renta presunta sigue siendo fundamentalmente un mecanismo para que contribuyentes de ingresos altos eludan impuestos y hay que eliminarla”, comenta Agostini. Guerrero se muestra partidario de lo mismo, pero recomienda que esta eliminación “debe hacerse gradualmente en un trabajo conjunto con el SII, de manera que todos aquellos pequeños contribuyentes que se encuentran actualmente acogidos a dicho sistema se incorporen al régimen del 14 ter que regula a las pymes, norma que también debe, en mi opinión, modificarse”. Desde el gobierno indicaron que todos estos productos son variables que están sobre la mesa, pero aún no hay una decisión tomada, la cual será finalmente resorte del Primer Mandatario.


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