Gonzalo Polanco, Director  Centro de Estudios Tributarios, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile,El Dinamo

El director del SII, Michel Jorratt, anunció que “lo más probable es que en la mayoría de los casos (de políticos) no deba haber querella”. Abogados expertos en derecho tributario respaldan la decisión y dicen que los parlamentarios igual podrían ser sancionados por la vía penal. Pero un dato despierta suspicacias: Jorratt emitió boletas a empresa de operador político de Bachelet.

A partir de hoy, después de leer la entrevista del director del SII en El Mercurio, los políticos involucrados en el caso Penta y los que podrían verse envueltos en la arista SQM, dormirán un poco más tranquilos. Y es que Michel Jorratt, señaló que la institución no se querellará contra ellos por delitos tributarios. “Efectivamente no nos hemos querellado contra ningún político y lo más probable es que en la mayoría de los casos no debiera haber querella, porque, de acuerdo a los criterios tradicionales nuestros, al evaluar reiteración, montos, no se cumplen los criterios como para realizar querella”, dijo Jorratt.

El anuncio genera suspicacias, ya que Jorratt participó en la campaña electoral de Michelle Bachelet y su cargo -que ocupa de manera interina-, es de exclusiva confianza del ministro de Hacienda y de la propia Presidenta.  Además, se filtró que el director del organismo emitió boletas a una empresa de Giorgio Martelli, recaudador de fondos de la Presidenta, que facturó a SQM. Pero lejos de acusar que esto podría tratarse de un “arreglín político”, distintos expertos en derecho tributario respaldan el actuar de Jorratt en este punto. ¿Por qué?

1.- Los políticos no emitieron las boletas ideológicamente falsas


En los casos que se investigan, los políticos no fueron quienes emitieron los documentos ideológicamente falsos, si no que fueron terceros relacionados. Esto los exime de responsabilidad tributaria, que es el campo de acción del SII.

“Por un lado tienes a la empresa que defrauda al fisco, que ahora está siendo perseguida por un delito tributario y cuyos gerentes seguramente van a ser sancionados. Por otra parte tienes a la persona que emitió la boleta ideológicamente falsa, que potencialmente podría haber cometido un delito tributario. Y por último la persona a quien le llega el monto, que es el político. En este último caso no hay ningún delito tributario”, dice Fernanda Juppet, experta en derecho económico y académica de la Universidad del Desarrollo.

2.- No hubo intención de cometer un delito tributario

Algunos juristas explican que podría tener sustancia legal el hecho de que pese a que los políticos están relacionados a las personas que emitieron las boletas ideológicamente falsas, su fin último no era defraudar al fisco, sino que financiar su campaña electoral. Según explica Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, si él fuera el abogado defensor de los políticos, argumentaría que estos no tienen “responsabilidad en el delito tributario, sino con respecto a las normas electorales”.

“Por eso que Moreira dijo acertadamente que la irregularidad que cometió es electoral, no tributaria”, explica Christian Aste, experto tributario y ex abogado del SII.

Aste agrega que “el político no está usando ningún documento para bajar ningún impuesto. Lo único que está haciendo es generar recursos para financiar su campaña. Lo que él le dice a su gente, es que como no tiene plata para pagarles, que emitan boletas por sus servicios a la empresa que les va a ayudar. Y esa empresa le paga a esa gente. Por tanto, es la empresa la que ocupa esos documentos para rebajar sus impuestos”.

3.- Investigación por cohecho: ¿Podrán dormir completamente tranquilos?

Salvo el caso especial de Pablo Wagner, en el que sí se investiga la existencia de un delito tributario, difícilmente el SII se querellará contra otros políticos en el caso Penta. La única posibilidad de que puedan ser sancionados por la justicia es a través de la arista penal. Esto porque el Ministerio Público también investiga los delitos de soborno y cohecho. Lo que debe probar la Fiscalía es que los parlamentarios que recibieron financiamiento irregular en su campaña de parte del grupo Penta o SQM, se hayan comprometido con las empresas, por ejemplo, a votar en contra de leyes que los afecten o a aprobar la legislación que los beneficie.

Sin embargo, para el abogado penalista Miguel Soto Piñeiro, es complejo lograr probar este tipo de delitos. “Es mucho más difícil probar un delito de cohecho o soborno que acreditar la existencia de delitos tributarios. La razón es que el delito de cohecho requiere además del pago, que se acredite  que el cohechado recibió el pago a cambio de realizar determinadas actividades”. En el caso de Pablo Wagner, el abogado Soto explica que “la Fiscalía argumenta que sí hay razones para pensar que hay cohecho”. Entre ellas, por ejemplo, que el ex subsecretario de minería recibió dinero siendo funcionario público y mientras se tramitaba un proyecto que interesaba directamente al grupo Penta. Mientras que en los otros casos el dinero fue entregado solo durante la campaña.

4.- La sanción ciudadana

Aunque los políticos no sean sancionados por la justicia, para Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, “la sanción ciudadana ya está operando”. Morales cita un estudio hecho por los investigadores Carlos Castellanos y Juan Castañeda, miembros del Observatorio, que concluye que tras los escándalos políticos “efectivamente se produce un deterioro significativo de la votación de los involucrados de una elección a otra, tomando como evento crítico la generación del escándalo”.

“Hay una caída significativa del apoyo electoral. Y eso demuestra que los electores están informados y sancionan a los involucrados en los escándalos de corrupción. Por ejemplo, cuando había binominal, estaban dispuestos a votar por el compañero de lista, por la oposición e incluso quedarse en casa. Porque los escándalos no solo deprimen la votación del candidato en cuestión, sino que la participación electoral”, explica Morales, que agrega que esto funciona de manera distinta cuando se trata de alcaldes u otras autoridades locales. “Ahí la gente tolera más los actos de corrupción porque quien los comete puede defenderse diciendo que los hizo en beneficio de la comuna. Es un poco lo que pasó con Jacqueline Van Rysselberghe, que dijo que mintió para beneficiar a los vecinos y después fue electa senadora por la misma zona. En el caso de los parlamentarios, no hay excusas que sean válidas para la ciudadanía”, dice.

Aunque para Morales, los senadores involucrados podrían incluso librarse de este tipo de sanción. “En esos casos, como los de Moreira y Von Baer, la elección es en ocho años más. Y ahí lo que sucede a nivel mundial es que los escándalos van caducando en el tiempo. Los escándalos de carácter sexual sobreviven para la gente, porque son mucho más fáciles de entender. Pero en estos casos es un poco más difícil y de aquí a ocho años, con un nuevo sistema de financiamiento de la política, el efecto va a ser mucho menor que el pueden tener los diputados que puedan verse envueltos”.


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