Gonzalo Polanco, Director  Centro de Estudios Tributarios, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Diario La tercera.

Delito tributario, cohecho y soborno son los ilícitos por los que se indaga a los dueños del grupo y algunos políticos.

Los controladores del grupo

Luego de seis meses de investigación, la fiscalía alista las primeras formalizaciones del caso Penta. Unos de los principales imputados en la causa son los dueños del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, denunciados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por delitos tributarios.

* Delito tributario

La conducta que, en carácter de reiterada, el SII acusa a Lavín y Délano -además de otros ejecutivos como Manuel Antonio Tocornal y Marcos Castro- está descrita en el artículo 97, número 4 del Código Tributario, que sanciona a quienes realicen declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponde.

Según el director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, se refiere a “cualquier maniobra dolosa destinada a evadir el impuesto y eso está sancionado con una pena que va de 541 días a cinco años”. Explica que este ilícito “conlleva la existencia de un perjuicio fiscal, lo que significa que el contribuyente, en este caso la sociedad Penta y los propietarios, que son los contribuyentes que están obligados a declarar, reducen su base imponible, en consecuencia ellos son los que comenten el delito cuando incluyen boletas en sus declaraciones que son idelógicamente falsas”.

En el caso de otras personas que habrían participado en el ilícito entregando boletas, como las cónyuges de los controladores, el abogado indica que “ellas caen en una hipótesis de complicidad o coautoría”. Al respecto, dice que “la complicidad tiene una pena menor”. el fiscal excluiría a las esposas de Délany Lavín de las formalizaciones.

El abogado Rodrigo Benítez, socio de Tax & Legal de BDO, dice que, en caso de aplicarse algunas de las atenuantes, como la colaboración sustancial o la irreprochable conducta anterior, la pena puede bajar “hasta en tres grados a pena remitida y con firma por un año”.

* Soborno

Los pagos que los dueños de Penta habrían realizado al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner podría configurar eventualmente el delito de soborno.

Según el artículo 250 del Código Penal, este ilícito se refiere al “que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero” para que realice acciones u omisiones en su favor. En este caso, la Fiscalía habría acreditado el pago, pero no una contraprestación de parte de Wagner, por lo que Délano y Lavín se expondrían a bajas penalidades.

* Lavado de activos

Pese a que se invocó la Ley de Lavado de Activos para declarar secreta la investigación, solo se estaría indagando a un funcionario del SII -Iván Alvarez- por este delito. De acuerdo al expediente, no habría antecedentes de conductas por parte de los dueños del grupo que pudieran configurar el delito de lavado de dinero. Por ello, el fiscal no los acusaría de este delito.

Políticos asociados al caso Penta

Una vez solicitada las formalizaciones a los principales directivos del grupo Penta, el fiscal Carlos Gajardo también se abocaría a la arista política del caso.

* Gasto electoral

Pese a que los políticos podrían haber incurrido en infracciones a los límites de gasto electoral, ya que al recibir aportes irregulares estos no habrían sido considerados las rendiciones ante el Servel, de acuerdo a la actual ley sobre Transparencia, Limite y Control del gasto electoral, estas eventuales faltas y delitos conexos ya habrían prescrito. Según la ley, el plazo para investigar será de un año a partir de la fecha de la elección, lo que en el caso de las parlamentarias de 2013 venció el pasado 17 de noviembre. Esto, además de un vacío legal para periodos previos a campañas.

* Delito tributario

El artículo 97, número 4, inciso final, sanciona a quienes confeccionen, vendan o faciliten facturas o boletas falsas. La pena llega al presidio menor en sus grados medio a máximo y se exponen a una multa de hasta 40 Unidades Tributarias Anuales. El director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, dice que ello podría no afectar a políticos que no son titulares de boletas sino que emplearon a terceras personas para ello. “Veo difícil que sean investigados por estos hechos, aunque quizás la fiscalía pudiese pensar en una hipótesis de coautoría o complicidad”, dijo el abogado.

Otro jurista opina que tampoco se configura este delito, ya que exige que la documentación falsa haya sido emitida “con el objeto de cometer o posibilitar la comisión” de otro delito: la liquidación de un impuesto inferior al que corresponde. “Hay que demostrar intención de cometer delito tributario. Y aquí lo que se intentaba era otra cosa: justificar salida de dineros para campañas políticas”, opina un abogado.

Otro apunta que aquí podría configurarse el delito de falsificación de documentos privados establecida en el Código Penal.

* Cohecho

Según la jefa de la oficina de litigación penal del Servicio de Impuestos Internos, Marisa Navarrete, en el caso de los políticos sí aplicaría la figura de cohecho. “El mero hecho de solicitar dinero fuera de la ley, como funcionario público, es al menos constitutiva de principio de cohecho”, opina.

El ex subsecretario de Minería

Los pagos que el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner habría recibido de parte del grupo Penta mientras ejercía sus funciones en el gobierno anterior llevaron a que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellara en su contra por el delito de cohecho el 14 de noviembre.

Según el organismo, entre el 11 de marzo de 2010 y el 2 de octubre de 2012, “la empresa Penta le efectuó 14 depósitos de $ 3 millones, cada uno, totalizando la suma de $ 42 millones”.

* Cohecho:

Según el Código Penal, este delito se comete cuando un empleado público “solicitare o aceptare recibir un beneficio económico para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo”. Este ilícito es sancionado con penas que van desde los 541 días hasta los tres años de presidio. También la “inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos temporal en cualquiera de sus grados y multa” consistente en pagar el doble de lo recibido.

Abogados penalistas coincidieron en la dificultad que existe para acreditar este delito ante un tribunal porque no está clara la contraprestación -favorecer u omitirse en favor de Penta- que había cometido Wagner. A esto se suma que Wagner no tiene antecedentes penales y declararía voluntariamente.

Sin embargo, el delito de cohecho no exige solamente una contraprestación y basta la recepción de dinero por parte del funcionario público. La querella del CDE así lo explicó: “El delito (de cohecho) se agota por el solo hecho de solicitar o aceptar recibir el beneficio económico ilícito”, señala el documento donde el organismo da por consumado el delito por parte de Wagner. En este caso, la pena a la que se expondría el ex subsecretario es de 61 días.

 


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