Gonzalo Polanco, Director  Centro de Estudios Tributarios, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Diario La Segunda.

En su calidad de director de una sociedad anónima en Chile.

Tras conocer la demanda del regulador de valores estadounidense, SEC, contra Juan Bilbao -por uso de información privilegiada en la compraventa de ADR de CFR Pharmaceuticals en Estados Unidos- de inmediato saltaron las alarmas en las autoridades chilenas, que se encuentran abocadaa de lleno a definir las aristas legales y administrativas que estas acusaciones pueden tener en el país.

En concreto, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) está concentrada en determinar si las transacciones que llevó a cabo Bilbao en EE.UU., pueden ser constitutivas de delito en Chile. Lo anterior, considerando que el ejecutivo a inicios de año obtuvo y empleó información privilegiada en su carácter de director de CFR -hasta entonces, una sociedad anonima abierta regulada en el país- y, luego, ideó y utilizó una estrategia para comprar y vender acciones de esa misma firma en EE.UU. con el propósito de obtener una ganancia ilícita.

"Bajo esa hipótesis, la plaza norteamericana se presenta como un mero instrumento para llevar a cabo una conducta urdida y sancionada en Chile", señaló un abogado que conoce de la investigación que lleva la SVS.

Otro de los aspectos que complica la situación de Bilbao ante la SVS, es que tras lanzarse la OPA a través de la cual Abbott Laboratories tomó control de CFR (en septiembre pasado), el ejecutivo nodeclaró que había aumentado su participación accionaria dentro de la firma local, omitiendo la adquisición de acciones de CFR por más de US$14 millones que realizó en Estados Unidos -a través de una sociedad offshore- y que le significaron una ganancia superior a los US$10 millones.

De obtener un caso, la SVS podría iniciar un proceso sancionatorio contra Bilbao (con posibles multas) y, eventualmente, remitir los antecedentes al Ministerio Público para que determina una posible arista penal.

Efectos tributarios

A las repercusiones anteriores, se suman las averiguaciones que estaría llevando a cabo, en forma paralela, el Servicio de Impuestos Internos (SII). Personeros de la entidad señalaron que se encuentran indagando los efectos tributarios en torno a este caso.

Expertos tributaristas explicaron que tras enterarse del empleo de una serie de capitales y de la obtención de ganancias extraordinarias por parte de un contribuyente chileno (Bilbao), es casi imposible que el SII no inicie una investigación para determinar si todos esos recursos fueron o no declarados debidamente en el país y bajo qué circunstancias esos capitales salieron o ingresaron a Chile.

De hecho, ante la eventualidad de que Bilbao hubiese traído los retornos obtenidos de Estados Unidos a Chile, el director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, aclaró que para que esas utilidades tributen en Chile, las personas solamente tienen que haber tenido a disposición esos dineros, ni siquiera es necesario que ellos traigan esas ganancias a Chile, "estando a disposición de ellos, se genera el hecho gravado porque hay un incremento patrimonial y, al haber ese incremento y siendo ellos residentes o domiciliados, deberían declarar eso en su global complementario", señala.

"Todos los domiciliados o residentes en Chile tributan por el principio de la renta mundial, es decir, si yo soy un domiciliado en Chile y voy a hacer una clase a España, tengo que reconocerla y declararla", explica Polanco.

En el caso de Juan Bilbao, "si él tuvo utilidades, rentas, incrementos de patrimonio y estos se encontraban a su disposición, no había ningún impedimento para que él las pudiese utilizar, por lo que debió haberlas declarado".

Impacto en Consorcio

Una situación similar enfrentaría el otro ejecutivo acusado por la SEC, Tomás Hurtado, por uso de información privilegiada en torno a CFR. Este último, sin embargo, tendría a su haber el problema adicional de que desempeña como director de Banco Consorcio, y cualquier asomo de una arista penal sobre él en EE.UU. significará su necesaria renuncia -por imposición legal- al banco.

De hecho, Bilbao podría ver peligrar su actual cargo de presidente de Consorcio, al considerar que este conglomerado opera en mercado regulados y sensibles como el bancario y el de seguros.
 El precedente del Banco de ChileSanciones de la SVS en 2001

Cuando a inicios de 2001 el g rupo Luksic concretó la toma de control de Banco de Chile, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) inició en paralelo una investigación que determinó que los ex controladores de la entidad financiera -Juan Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, José Antonio Garcés, Juan José Mac Auliffe, Patricio Parodi, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano- hicieron mal uso de la información privilegiada que obtuvieron como controladores del banco y principales negociadores de su venta.

Según estableció la SVS, dicha información fue utilizada por los a su vez fundadores de los grupos Consorcio y Penta para obtener dividendos extraordinarios con la venta de sus acciones en el Chile a Luksic y en una posterior OPA que éste último lanzó para hacerse del control final de la entidad.

Tras la investigación, la SVS aplicó una multa de 1.000 UF (unos $17,8 millones de la época) a cada uno de los infractores, la que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema en octubre de 2005.


Volver