Reporte Tributario Nº11 Diciembre 2010

No cabe duda que este es un instrumento que busca incentivar mediante la variable impositiva, al sector privado para que estos puedan realizar mayores niveles de inversión en el ámbito de la investigación y desarrollo con el fin de aumentar la competitividad de nuestro país.

Concretamente el hecho de que, por un lado, los remanentes de este crédito tributario puedan utilizarse en ejercicios siguientes, y por otro, que aquella parte que no constituye crédito, pueda considerarse como gasto necesario para producir la renta en el mismo ejercicio en que se incurrió el desembolso, denota el enorme beneficio que esta ley otorga a los contribuyentes que pueden acceder a él.

Los resultados, sin embargo, no han sido los esperados por quienes diseñaron la norma. Si bien en cuanto a los Centros de Investigación acreditados en la CORFO, hasta la fecha hay registrados un total de 64  - lo cual constituye una positiva señal del interés existente en participar por parte de estos Centros- los contratos de investigación suscritos al alero de esta norma no han sido de la cantidad esperada. Hemos señalado algunas falencias que presenta a nuestro juicio la actual normativa y, hemos propuesto alternativas de mejora a la ley, tales como la inclusión de la protección de la propiedad intelectual derivada de la investigación dentro de los gastos susceptibles a acogerse al beneficio; no demorar la ejecución de los contratos de investigación a la espera de la certificación de CORFO; aumentar los topes de los créditos; y no olvidar que una política tributaria no es suficiente para implementar una política de estímulo completa a la investigación y desarrollo, sino que también se requiere de un sistema de subsidios que asegure que los privados, en especial aquellos de rentas más bajas, podrán también incorporar la innovación en sus procesos. 

Cabe esperar que los procedimientos, tanto para la fiscalización del cumplimiento de los contratos, así como para la verificación de la vigencia de estos Centros por parte de la CORFO, sean expeditos y que se apoyen principalmente en las tecnologías de la información. Como es lógico suponer, existirá un proceso paralelo de seguimiento y fiscalización que realizará el SII con la información que le proporcionen sobre el uso del beneficio, la coordinación entre la CORFO y el SII será un punto relevante para llevar adecuadamente estos procedimientos de fiscalización, tanto sobre los Centros de Investigación como de los contribuyentes que acceden al uso de este crédito o beneficio tributario.

21 Corfo. ‘Ley 20.241 Incentivo tributario a la Inversión Privada en Investigación y Desarrollo’. [en línea] [fecha de consulta 10 de noviembre del 2010] Disponible en : <http://wapp.corfo.cl/sisrid/Usuario/ListaCentros.aspx?from=1>

El sistema acá descrito parece, a primera vista, ser un poderoso estímulo a la inversión en investigación y desarrollo. Una mirada un poco más detallada del sistema lleva, sin embargo, a concluir sobre la necesidad de plantear algunas modificaciones al incentivo. Las declaraciones de autoridades del actual gobierno van en ese sentido, por lo que nos permitimos sugerir algunas áreas que deberían ser abordadas al momento de realizar eventuales modificaciones:

1.- En primer lugar, no se vislumbran las razones para haber excluido de las actividades cubiertas por el incentivo tributario, las relacionadas con el registro de la propiedad industrial que permite proteger la exclusividad del producto de la innovación. En esta categoría se debe incluir no sólo a las patentes de invención, sino que también a los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, etc.

2.- Es conveniente además no limitar excesivamente el alcance del beneficio, en particular, evitar definiciones muy genéricas acerca de lo que está incluido o excluido del alcance de la ley y las autorizaciones o certificaciones previas para el desarrollo de los proyectos. Como hemos dicho, los incentivos tributarios tienen  normas de control para evitar su uso abusivo, limitando el beneficio sólo a aquellos que desarrollen actividades que correspondan a lo que se desea promover. Sin embargo, tratándose de innovación, la definición de qué es lo que se desea promover y qué es aquello que no debe ser sujeto de promoción resulta un proceso sumamente difícil, en particular porque la innovación es un proceso tan dinámico que difícilmente los ritmos legislativos pueden seguir los pasos de los cambios en esta área, de modo que la especificación de las actividades que no se encuentran amparadas por este beneficio se podría entregar a la autoridad administrativa, entregándose lineamientos sólo generales a través de la ley.

En esta misma línea, cabe recordar que el artículo 3° de la Ley establece que para los efectos de esta norma, los contratos de investigación y desarrollo deberán contar con la certificación que CORFO otorgará mediante una resolución fundada. Esta certificación busca, entre otras cosas, efectuar una evaluación técnica de los contratos de investigación y desarrollo, asegurando que el contrato tendrá efectivamente por objeto la realización o ejecución de labores de investigación o desarrollo, tal cual son definidas en la propia ley. Agrega la normativa que en este análisis no se debe considerar la pertinencia o valor de la iniciativa. Un segundo objeto de esta certificación es la de “verificar que los contratos de investigación y desarrollo se celebren en relación a la organización y medios de que dispone el respectivo Centro de Investigación debidamente registrado, así como el precio pactado en dichos contratos refleje adecuadamente los costos en que se incurrirá para realizar las actividades de investigación o desarrollo a que ellos se refieren, y que dicho precio corresponda a valores de mercado”.

Aun cuando pueda ser entendible el afán legislativo en orden a que exista un organismo que tome nota de estos aspectos para asegurarse que el incentivo está siendo utilizado para los fines propuestos, la existencia de esta instancia administrativa previa, la cual seguramente tomará un tiempo para elaborar los informes necesarios, es particularmente perjudicial en un mundo en el que el dinamismo es la clave. Basta recordar al respecto que existen investigaciones que se desarrollan por distintas entidades en forma paralela y que el primer investigador que obtiene el desarrollo es el que tiene el beneficio19.

Proponemos, en consecuencia, más que una certificación previa, un sistema de fiscalización efectiva, en el cual el centro que celebra el contrato, cuente con la suficiente confianza sobre las bondades de su proyecto y del hecho que este se ajusta a la normativa vigente, comenzando su labor de investigación y desarrollo con prontitud, en espera que CORFO entregue la debida certificación. Una vez que se está certificado, la empresa debería tener el derecho al uso del beneficio tributario dado los pagos efectuados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

3.- Este incentivo debería ser coherente con la política imperante por los gobiernos en orden a desarrollar capital humano avanzado. Lo anterior, dice relación con el establecimiento de los incentivos adecuados, para que, tanto los centros de investigación como las empresas contraten profesionales de excelencia. Por lo anterior, junto con promover las capacidades de investigación en las Universidades, es necesario abrir el beneficio a los desarrollos que se efectúan con capacidades internas de la empresa.

Un incentivo adicional para la contratación de doctores o magísteres puede ser una señal que dé coherencia al sistema. En Chile el número de becas para que profesionales se capaciten en el extranjero ha aumentado considerablemente20; sin embargo, la reinserción de estos profesionales en el medio nacional no siempre es fácil, por lo que de existir un incentivo que promueva su contratación y por tanto el regreso al país puede evitar la “fuga de cerebros”.

4.- Se deben eliminar o flexibilizar algunas otras restricciones contempladas en la Ley original. La primera de ellas dice relación con el monto del crédito al cual tiene derecho la empresa en cada ejercicio. En la actualidad este crédito no puede exceder de un 15% de su ingreso bruto anual determinado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, ni el equivalente a cinco mil unidades tributarias mensuales, de acuerdo al valor de dicha unidad al término del ejercicio respectivo. No se vislumbra la razón para haber establecido estos límites en esas cifras, en particular el de las cinco mil unidades tributarias mensuales, cifra que puede ser considerada muy baja para investigaciones de considerable importancia.

Quizás lo más relevante, dice relación con el hecho que el incentivo tributario es un crédito contra el impuesto de primera categoría del ejercicio. Como sabemos, para que el exista impuesto deben haber utilidades tributables y si bien éste es un concepto ligeramente diferente a las utilidades financieras, existe una clara vinculación entre ambos. En resumen, es requisito para que la empresa se acoja a este mecanismo que tenga utilidades en el ejercicio, ya sea como consecuencia de los desarrollos que produjo gracias al incentivo o no.

Esta es una seria limitante que va en contra de lo que es la esencia misma de los procesos de innovación. Como es de conocimiento, el innovador invierte recursos en una verdadera apuesta; si la posibilidad de inventar o descubrir la solución al problema de la técnica es azarosa, también lo es la posibilidad de que dicha solución tenga aplicación industrial y sea atractiva para el mercado. Desde otra perspectiva, las empresas que requieren con mayor urgencia innovar son aquellas que se encuentran en problemas, no aquellas que tienen saludables estados financieros.

De este modo, el incentivo tributario para ser efectivo exige, en la práctica, que exista una apuesta segura, de modo tal que la empresa antes de comenzar conozca de antemano que la investigación encargada va a resultar exitosa (cuestión casi imposible) o que obtengan ganancias independientemente del resultado del desarrollo encargado. En resumen, el sistema tiene fuertes incentivos para que lo usen sólo aquellos que ya están invirtiendo en innovación, no para que aquellos que no lo hacen comiencen a hacerlo.

Por ello, es necesario que la posibilidad de usar el crédito no se agote en el ejercicio en el cual se hicieron los pagos, sino que se extienda en el tiempo de existencia de la empresa, el objetivo es que al celebrar un contrato de investigación y desarrollo, la empresa visualice que está adquiriendo un activo que pueda usar en el momento en que estime conveniente.

Por otra parte, el establecimiento de este mecanismo no nos debe dejar satisfechos. Como hemos señalado, el beneficio tiende a ser utilizado sólo por empresas de gran tamaño y con números positivos. Muchas de ellas probablemente están innovando y este sistema les permite que lo sigan haciendo y, en el mejor de los casos, aquellas empresas igual de saludables comiencen a hacerlo. Sin embargo, no es posible pensar subir al carro de la innovación a aquellas compañías que necesitan investigar porque sus números no son tan positivos sin pensar en una política de fomento más potente que las motive. Reiteramos, el asunto viene dado por definir quién o quiénes y en qué proporción deben soportar el peso del riesgo en innovar.

19 En materia de propiedad industrial, el hecho de “llegar primero” para obtener el registro de una marca o patente tiene vital importancia y se reconoce en nuestra legislación a través de la denominada prioridad.
20 En el año 2000 se otorgaron 123 becas para cursar estudios en el extranjero, mientras que en el año 2009 el número llegó a 1838. Fuente: Secretaria ejecutiva de Becas Chile y Conicyt. Citado por Javier González D. y María Olivia Recart H. ‘Becas Chile: capital Humano Avanzado para la sociedad del Conocimiento’. [en línea] [fecha de consulta 7 de noviembre del 2010]. Disponible en:  <www.cepchile.cl/dms/archivo_4658_2806/sem_presentacion.pdf>

CORFO es la encargada de fiscalizar el cumplimiento y la ejecución de estos contratos, para lo cual puede solicitar, tanto a los CI como a los contribuyentes que celebraron estos contratos, la información que estime pertinente.

En caso que dicha información no satisfaga los requerimientos de CORFO, o si se determina incumplimiento de los contratos, la CORFO emitirá una resolución, la cual será notificada a los afectados, obligando al contribuyente afectado a rectificar las declaraciones, en las cuales reconoció el beneficio tributario.

Los CI serán eliminados del registro cuando, por resolución fundada, la CORFO haya determinado el incumplimiento del contrato de investigación y desarrollo respectivo, si la información presentada fue insuficiente o no se presentó a satisfacción, o si se estableció incumplimiento de las condiciones del contrato. De todo esto, la CORFO debe informar al SII.

Una vez declarada la eliminación del CI, éste se encuentra impedido de registrarse nuevamente por 6 años. Si se produce una segunda eliminación, la sanción tiene carácter de definitiva.

Las personas que proporcionan declaraciones maliciosamente falsas o incompletas, con el fin de lograr la inscripción en el registro, la certificación de un contrato o impetrar el beneficio de esta ley, recibirán las penas conforme al inciso primero del artículo 97 Nº 23 del Código Tributario, esto es, con la pena de presidio menor en su grado máximo y con una multa de hasta 8 unidades tributarias anuales.

A continuación se expone ejemplo práctico18, con la única finalidad de visualizar la determinación del crédito contra el impuesto de primera categoría, para aquellos contribuyentes que realizan inversión privada en investigación y desarrollo acogidos a la Ley Nº 20.241.

Se consideran los siguientes antecedentes:

(1) Contribuyente que usa el beneficio es de Primera Categoría, que declara su renta efectiva en base a contabilidad completa.

(2) Los ingresos brutos anuales, actualizados al cierre del ejercicio, ascienden a $30.000.

(3) Los desembolsos efectuados a un CI certificado por CORFO, sin actualizar, y contabilizado en cuentas de gasto, son de $20.000.

(4) La Renta Líquida Imponible (RLI) al término del ejercicio, deducidos los gastos indicados en punto (3) es de $27.000.

(5) Los pagos efectivos a un CI certificado por CORFO, actualizados, son de $20.200. Supuesto: corrección monetaria anual 1,0%.

(6) Valor de la UTM a Diciembre del año comercial respectivo, $33.000.

(7) Crédito imputable al Impuesto de Primera Categoría, cuyo remanente no da derecho a imputación en ejercicios siguientes, ni a devolución, actualizado $ 1.000.

(8) Crédito imputable al Impuesto de Primera Categoría, cuyo remanente solamente da derecho a imputación en ejercicios siguiente, actualizado $ 800.

De este modo, el beneficio tributario de esta ley, se imputará al impuesto de Primera Categoría después de aquellos créditos que no dan derecho a imputación a ejercicios siguientes ni a devolución y antes de aquellos que sí permiten reembolso o devolución.

Luego:

Luego, considerando el ejemplo, es posible efectuar un análisis de cuánto cuesta utilizar este incentivo tributario, tanto para las empresas como para el Estado:

18 Basado en el ejemplo de la Circular Nº 61 del 17 de octubre de 2008 del Servicio de Impuestos Internos. [en línea] Fecha de actualización 17 de octubre de 2008 [fecha de consulta: 1 de octubre del 2010]. Disponible en   <http://www.sii.cl/documentos/circulares/2008/circu61.htm>

Los contribuyentes de la primera categoría que declaren renta efectiva según contabilidad completa, tendrán derecho a imputar un crédito contra el impuesto de primera categoría de un 35% del dinero pagado en el ejercicio por contratos de investigación y desarrollo certificado por CORFO, incluso cuando dichas actividades no se relacionen directamente con el giro del negocio. Se agrega que

los desembolsos efectivos por los contratos, deben realizarse en el mismo ejercicio en que se generaron las rentas que queden afectas al impuesto de primera categoría.

El monto del crédito no podrá exceder de un 15% del ingreso bruto anual determinado según el artículo 29 de la Ley de la Renta, ni tampoco de 5.000 U.T.M. de acuerdo al valor de dicha unidad al término del ejercicio.

En caso de producirse un remanente de crédito, no hay derecho a devolución, pero sí a imputación, debidamente reajustado por el IPC14, contra el impuesto de primera categoría que deba pagarse en los ejercicios siguientes.

Además, el contribuyente puede rebajar como gasto necesario para producir la renta, el monto de los desembolsos por los contratos de investigación y desarrollo, en aquella parte que no constituya crédito, incluso cuando las actividades de investigación y desarrollo no se relacionen directamente con el giro del negocio.

Si una parte del contrato, se hubieren financiado con recursos públicos, el beneficio tributario solo aplica para los desembolsos que no hayan recibido dichos recursos15.

El Representante del centro, deberá enviar al SII16 una declaración jurada informando: (i) los contratos de investigación y desarrollo vigentes; (ii) individualización de las partes contratantes; (iii) precio total pactado en cada contrato de investigación  desarrollo, el calendario y modalidades de pago del precio; (iv) los pagos recibidos en virtud del contrato y (v) la totalidad de los contratos, onerosos o gratuitos, entre el CI y los contribuyentes con quienes se haya celebrado contratos de investigación y desarrollo, así como las personas relacionadas con esos contribuyentes , de acuerdo al artículo 100 de la ley 18.045.

CORFO debe informar al SII todas las resoluciones que emitió en el ejercicio y que puedan incidir en la pérdida de los beneficios tributarios definidos en esta ley.

 

14 Se actualiza conforme a la variación del IPC comprendida entre el último día del mes anterior al del pago efectivo y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio.
15 Además, el contribuyente que usa el beneficio, debe informar al SII indicando aquella parte del contrato que no fue financiada con recursos públicos.
16 En el plazo y la forma que éste determine.
17 Que se encuentren vigentes o que hayan sido celebrados durante los 24 meses anteriores.